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¡Atención, gente! La trama se pone picante. Resulta que el ARCA, ese organismo que no le teme a nada (salvo, quizás, a la lentitud burocrática), le puso el ojo a Pablo Otero, mejor conocido como ‘el Señor del Tabaco’. Sí, el mismo que, según dicen, tendría un superpoder: convertir pesos negros en pesos un poco menos negros, y estamos hablando de más de 33 lucas verdes, ¡pero de millones!
La denuncia, fresquita de abril, habla de una sinfonía de facturas truchas y empresas fantasma. Parece que Otero y su Tabacalera Sarandí montaron un concierto con distribuidoras de cigarrillos que, misteriosamente, no tenían ni oficina ni personal. ¿Serán los cigarrillos tan buenos que se venden solos o es que el aire es denso de humo… y dinero?
Pero la cosa no termina ahí. La causa cayó en manos de la jueza Servini y, ¡zas!, el fiscal Taiano, con la velocidad de un rayo, pidió el cierre. ¿Delito? ¿Qué delito? Parece que para él, la evidencia era tan tenue como el humo del cigarrillo más liviano. ¡Un “no hay mérito” que dejó a más de uno con la boca abierta!
Sin embargo, el ARCA, con la terquedad de un sanjuanino en pleno agosto, no se rinde. Le enviaron al fiscal una cartita, onda ‘che, Taiano, acordate de avisarnos formalmente así vamos a ver al de la Cámara’. Parece que en esta Argentina, si no te notifican, la injusticia puede prosperar en paz y armonía.
Porque, señoras y señores, acá no hay guita que no deje rastro, o al menos eso intenta el ARCA. Estamos hablando de cifras que marean, ventas de cigarrillos a empresas que, si las hubieran buscado con Google Maps, les salía “ubicación desconocida”. ¡Ni un kiosco con estanterías vacías, pero con una facturación que envidiaría el PBI de un micro-país! Y, claro, los pagos eran en efectivo o en cuentas que, ejem, “perdían la trazabilidad”. ¡Como si el dinero volara y no dejara huellas, cual fantasma de la ópera financiera!
Así que, mientras el "Señor del Tabaco" planea su exilio dorado, el ARCA sigue dándole batalla. Porque en esta Argentina, limpiar dinero es un arte, pero atrapar a los artistas, una verdadera proeza. Y lo que es más importante, ¿quién devolverá esta millonada que huele a cenicero lleno? ¡La Corte Suprema tiene la última palabra y el país, los ojos bien abiertos!
el señor del tabaco, en la mira por presunto lavado de dinero
El Gobierno de la Nación, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA), se prepara para un nuevo capítulo en su cruzada contra Pablo Otero, conocido en el orbe empresarial como ‘el Señor del Tabaco’. La denuncia, que pende sobre su cabeza como una nube de humo, lo acusa de un presunto lavado de activos por la friolera de 33.600 millones de pesos. Este monto, digno de un presupuesto provincial, habría sido blanqueado mediante una intrincada red de distribuidoras de cigarrillos, calificadas por la ex AFIP como "usinas de facturas truchas".
La causa, que inicialmente recayó en el juzgado de María Servini, vio cómo su investigación quedaba bajo la lupa de Eduardo Taiano. El fiscal, con una celeridad asombrosa, solicitó el archivo del expediente apenas días después de recibirlo, argumentando la ausencia de delito o elementos suficientes para avanzar, contrariando la denuncia presentada por ARCA en abril. Sin embargo, el organismo recaudador, lejos de amilanarse, emitió una comunicación formal a Taiano recordándole la necesidad de ser notificado oficialmente de su decisión. Este paso, aparentemente protocolar, es clave para que el ARCA pueda apelar ante el fiscal de Cámara y mantener viva la esperanza de que la denuncia prospere.
la trama detrás del humo: un informe que enciende alarmas
La artillería pesada del ARCA se basa en un contundente informe elaborado por la División de Fiscalización Externa de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Este documento traza un mapa detallado de la venta de cigarrillos de marcas como Red Point, West, Kiel y Master, todas producidas por Tabacalera Sarandí. La fiscalización desnudó una serie de irregularidades que apuntarían directamente al lavado de activos, concentradas en el período que abarca desde 2021 hasta 2023.
Según el informe al que tuvo acceso Clarín, Otero y su empresa habrían canalizado 33.632 millones de pesos a través de la venta de cigarrillos a 23 distribuidoras mayoristas. Estas empresas, entre las que se mencionan Ever Friends Distribuciones, Tabaco Distribuciones SRL, Distribuidora Veintidos, Tobaco Minico SA y Laumart SRL, compartirían un patrón: un "perfil fiscal irregular y sin capacidad operativa real". Los fiscalizadores de ARCA determinaron que estos compradores no poseían infraestructura edilicia ni personal contratado, lo que los convierte en meras "usinas" que facilitaban la transferencia de "dinero desde el círculo informal hacia uno formal", tal como reza la denuncia.
irregularidades al por mayor: pagos sin control ni trazabilidad
La mecánica, detallada por el ARCA, era preocupante. Las distribuidoras supuestamente revendían los productos a consumidores finales con perfiles fiscales igualmente irregulares, emitiendo facturas con precios llamativamente similares a los de compra. Esta aparente baja rentabilidad, según el organismo, "sugiere una baja rentabilidad y la posible simulación de actividad comercial". Además, se detectó que estas empresas no registraban pagos tributarios ni acreditaciones bancarias mínimas, y los pagos se realizaban "a través de depósitos en cuenta recaudadora o en efectivo, motivo por el cual se pierde la trazabilidad de los fondos".
La falta de justificación sobre el origen de los fondos empleados por las distribuidoras para afrontar dichos pagos es un punto neurálgico en la acusación. El ARCA sostiene que sin esta información, "se impide llevar una adecuada trazabilidad del dinero", alimentando la sospecha de que las ventas de Tabacalera Sarandí a estas empresas eran "simuladas" para blanquear dinero que, en última instancia, pertenecería a Otero. La situación se agrava con el antecedente de Otero, quien construyó su imperio tabacalero a partir de 2018, dejando de pagar el impuesto mínimo al tabaco amparado en cautelares que declaraban inconstitucional dicho tributo. Si bien la Corte Suprema le ordenó el año pasado que comenzara a pagar, aún debe fallar sobre la cuestión de fondo, que podría significar la devolución de mil millones de dólares al Estado. En un giro reciente, Otero ha manifestado su intención de apartarse del control de su empresa y radicarse en Uruguay, alegando que "mi país me está echando".
