Argentina: ¿Giro inesperado en el caso YPF? La jueza de EEUU podría revocar el fallo.

Redacción Cuyo News
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Giro inesperado en el caso YPF: ¿Se revoca la condena millonaria?

Una denuncia de fraude presentada por la ONG estadounidense Republican Action for Argentina (RAFA) ha generado un terremoto en el caso YPF. La jueza Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar USD 16.000 millones por la expropiación de las acciones de la petrolera, ha decidido considerar la posibilidad de revocar el fallo.

La denuncia de RAFA alega que existió una connivencia entre Cristina Kirchner y Enrique Eskenazi, titular del Grupo Petersen, en el proceso de «argentinización» de YPF en 2008. Según la ONG, la posterior expropiación de las acciones de Repsol, sin indemnización para el Grupo Petersen, habría sido parte de un plan fraudulento.

La presión de las organizaciones civiles

Ante la posibilidad de que la jueza Preska revoque el fallo, diversas organizaciones civiles argentinas han exigido al Gobierno que se adhiera a la denuncia de RAFA. El Grupo de Trabajo sobre Prevención de la Corrupción, integrado por figuras como Mariano Federici, María Eugenia Talerico y Alberto Garay, ha instado a la Procuración del Tesoro y a YPF a «ejercer con determinación la defensa de los intereses nacionales».

Según estas organizaciones, la condena a Argentina representa tres veces el valor actual de mercado de YPF y el Grupo Petersen podría recibir USD 4.800 millones «sin haber invertido un solo peso». Además, se argumenta que la adquisición de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen se basó en «operaciones originadas en graves delitos».

Un plazo clave y la mirada en el Procurador del Tesoro

La jueza Preska ha dado plazo hasta el martes 25 de febrero para que las partes se pronuncien sobre la denuncia de RAFA. Referentes de la oposición, como Elisa Carrió, Javier Iguacel y Álvaro de Lamadrid, han expresado su preocupación y han presionado públicamente al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, para que actúe con celeridad y se adhiera a la denuncia. El futuro del fallo y el destino de los USD 16.000 millones están en juego.

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