La ex Presidenta Cristina Kirchner ha completado su primera semana bajo arresto domiciliario. La pena impuesta es de seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Mientras se aguarda una decisión de la Cámara de Casación sobre posibles restricciones en las visitas que recibe en su residencia de San José 1111, rige el listado presentado por su abogado, Carlos Beraldi.
Según pudo reconstruir Clarín, dicho listado abarca unas 15 personas, incluyendo familiares, abogados, apoderados y contadores, quienes gozan de acceso irrestricto a la propiedad. Antes del mediodía del lunes, y en cumplimiento de los plazos establecidos por el juez Jorge Gorini, el defensor de la ex Presidenta entregó el material con los detalles de cada individuo autorizado. Se presume que entre los nombres figuran sus hijos, Máximo y Florencia, así como su propio letrado, Carlos Beraldi.
En el listado, que no es excesivamente extenso, también se han incluido apoderados y contadores. La ex Presidenta espera con particular interés la resolución de la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, la cual determinará si el arresto domiciliario puede o no tener limitaciones en cuanto a las visitas.
El Tribunal había expresado previamente que cualquier persona ajena a las categorías detalladas en la resolución que ordenó la detención de Cristina Kirchner, debe solicitar autorización a los jueces sin excepción. Es esta restricción la que la ex Presidenta busca evitar, para que no se conozca el detalle de sus visitas ni que estas dependan del criterio del juez Gorini.
La polémica por las visitas
En principio, el listado entregado se mantiene bajo reserva, a pedido explícito de Beraldi, pero se anticipa que este no será el único planteo que ingrese a la justicia federal sobre el particular. La discusión se encuentra ahora en manos del máximo tribunal penal. La defensa sostiene que no deben imponerse límites a las visitas que la ex mandataria pueda recibir en su arresto domiciliario, considerando su rol político y, como ella misma expresó en sus redes sociales, su “vida social”.
En este contexto, se ha puesto en marcha un dispositivo kirchnerista para ejercer presión sobre la Justicia y lograr la habilitación de visitas sin restricciones. El miércoles, diputados y senadores de Unión Por la Patria presentaron un escrito ante el Tribunal Oral 2, anunciando su intención de visitar a la ex Presidenta «sin autorización judicial». Argumentan que la situación «reviste relevancia institucional, política y democrática para el espacio político al que pertenecemos y para la vida institucional del país».
Privilegios y reclamos
Es un hecho que, debido al arresto domiciliario, la ex Presidenta ya goza de diversos beneficios. Según informó Clarín, en su departamento puede acceder a internet, utilizar su teléfono celular e incluso solicitar delivery. Ahora, busca también que se le permita recibir visitas sin restricciones, un privilegio del que no disponen otros detenidos en condiciones similares.
Si la determinación de que el Tribunal debe autorizar a las personas fuera del listado persiste, la responsabilidad de presentar los pedidos de autorización recaerá en los abogados patrocinantes de Cristina Kirchner: Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy.
Hace dos días, el abogado Gregorio Dalbón, a través de sus redes sociales, instó a toda persona interesada en visitar a la ex mandataria a enviar un correo electrónico de autorización al TOF 2, consignando la casilla institucional. Esta acción generó que en menos de 24 horas, la casilla del Tribunal recibiera más de 1.000 correos solicitando visitar a Cristina Kirchner en San José 1111. Con argumentos variados, todos los mensajes reclaman “expresa autorización” para ingresar sin restricción al departamento del barrio de Monserrat.
La respuesta de los magistrados no se hizo esperar: “Según el punto Ill.C de las reglamentaciones vigentes, los pedidos de autorización deben ser exclusivamente gestionados por la parte demandante”. En consecuencia, los jueces derivaron a los doctores Beraldi y Llernovoy los correos electrónicos recibidos en Secretaría, para que estos les “otorguen el tratamiento que estimen pertinente”.
