El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó ante el juez Jorge Gorini -responsable de ejecutar la pena del caso Vialidad- el arresto domiciliario para la ex vicepresidenta. Debe cumplir tras la confirmación de la sentencia condenatoria, seis años de cárcele por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En su presentación, Beraldi fijó el domicilio de San José 1111 en la Ciudad de Buenos Aires para que la ex presidenta cumpla con el arresto domiciliario, y solicitó al magistrado que no se le coloque a su defendida una tobillera electrónica y mantener al personal que actualmente custodia a Cristina.
El letrado fundamentó su pedido de detención domiciliaria en el hecho de como ex presidenta, Cristina “tiene secretos de Estado”, además de que “sufrió un intento de homicidio”, en referencia al atentado del 1° de septiembre de 2022.
A la hora de explicar porqué no es necesaria la tobillera electrónica, el abogado Beraldi expuso: “Cristina Fernández de Kirchner cumplió con todas las obligaciones que le fueron impuestas, incluso cuando fue autorizada a viajar al exterior, regresando en tiempo oportuno al país. Para ello siempre pidió la correspondiente autorización judicial, la cual le fue otorgada por este Tribunal también luego de dictar condena en el caso”.
A tales circunstancias, continuó explicando que en su condición de ex Presidenta de la Nación, “cuenta con una custodia permanente a cargo de la Policía Federal Argentina, que sigue durante las veinticuatro horas del día cualquier tipo de desplazamiento que la nombrada pueda hacer fuera de su domicilio. Ello ratifica la absoluta inexistencia de cualquier peligro elusivo”.
Así las cosas, dijo “uso de tobillera electrónica por parte de nuestra representada deviene completamente innecesario”.
“Razones de índole institucional”
En el caso de Cristina Fernández de Kirchner se suma otra circunstancia de “relevancia dirimente para resolver de manera afirmativa la petición” de arresto domiciliario sin tobillera electrónica.
En segundo término, por las mismas razones de seguridad apuntadas y de manera particular, “por haber sido víctima de un intento de magnicidio, las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”.
Otro punto del escrito plantea que todas las notificaciones en el marco del legajo de ejecución de la pena, sean de forma online, a fin de “evitar cualquier circunstancia que pueda importar un riesgo personal para nuestra representada y, al propio tiempo, un desgaste innecesario de los recursos de seguridad que posee el Estado, tal como se hizo con otras comunicaciones anteriores en esta causa y siguiendo la modalidad con la cual se desarrolló prácticamente todo el juicio oral”.
Próximos pasos
Ante la consulta de Clarín, fuentes judiciales explicaron que el arresto domiciliario no obligatoriamente requiere de la utilización de una tobillera.
«De hecho no hay tobilleras suficientes para todas las domiciliarias que hay otorgadas», indicaron. Sin ir más lejos, el juez Jorge Gorini tiene varias domiciliarias concedidas sin tobillera electrónica.
Hay otro punto vinculado a la custodia de Cristina Kirchner a cargo del comisario Diego Carbone. La ex mandararia solicitó que la misma se mantenga en caso de ser otorgado el beneficio de la morigeración de la pena.
Al respecto, se analizará quiénes la integran, y se añadió «si todos son funcionarios de Seguridad Nacional no tiene sentido reemplazar un sargento por otro».
Cristina Kirchner pidió cumplir arresto domiciliario, no usar tobillera y mantener su custodia.
Fotos Emmanuel Fernández
Otra duda surgió al respecto de la dinámica del arresto domiciliario ¿puede Cristina Kirchner recibir visitas sin restricción alguna?
Hay que pedir autorización. La prisión domiciliaria es solo un lugar distinto donde se cumple la condena
Frente al criterio aplicado por el juez Gorini, los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola pidieron la inmediata detención de la ex vicepresidenta y los demás acusados.
Después de la notificación de que el jueves 19 de junio los nueve condenados deben presentarse en Comodoro Py para hacerse efectiva la detención que es resultado inmediato de la condena confirmada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, la defensa jugó inmediatamente lo esperado: el pedido de la morigeración de la pena.
“La falta de reacción sancionatoria inmediata -es decir, la no ejecución de una pena que también estigmatice como incorrecto el comportamiento de las personas que han sido condenadas- podría llevar a percibir que las disposiciones de derecho interno y del sistema internacional enderezadas a prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción no rigen como pauta de conducta para los funcionarios públicos-o, al menos, para algunos de ellos”, sostuvieron.
En principio el magistrado a cargo de la ejecución de la pena mantendrá su primera medida: esperar cinco días hábiles desde la notificación para que los imputados se presenten en los Tribunales de Retiro.
La solicitud de la defensa se sustenta, en primer término, en la edad de la ex Presidenta, que tiene 72 años. El Código Procesal Penal contempla dicho beneficio para personas que tienen más de 70 años, sin embargo no es una obligación concederla sino una potestad del juez de Ejecución.
