La hora de la verdad para Lázaro Báez: la justicia define la unificación de sus condenas

El entramado judicial que envuelve a Lázaro Báez, otrora socio comercial de la expresidenta Cristina Kirchner, se acerca a un punto de inflexión. Esta semana, el juez Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la sentencia, deberá zanjar la cuestión crucial: cuántos años de cárcel deberá cumplir el empresario patagónico, producto de la unificación de sus penas. Las cifras en juego varían drásticamente, con peticiones que oscilan entre los 6 y los 16 años de prisión.

La Unidad de Información Financiera (UIF), en representación del gobierno, ha solicitado la pena más severa: 16 años de reclusión. Esta cifra surge de una suma directa de las condenas previas: los 10 años impuestos en la causa «Ruta del Dinero K», por lavado de dinero, y los 6 años de la causa “Vialidad”, por fraude al Estado. En tanto, la fiscalía se inclinó por una pena ligeramente menor, de 15 años, para el titular del Grupo Austral.

Disparidad de criterios y el enigma de la «pena única»

La defensa de Báez, encabezada por el abogado Juan Villanueva, presenta una postura radicalmente opuesta, solicitando que la condena unificada no supere los 6 años. Este planteo se fundamenta en lo que se conoce como el «principio de pena única», establecido en el artículo 58 del Código Penal. Dicho principio busca evitar la doble punición por un mismo hecho, especialmente cuando existen múltiples sentencias firmes que, de haberse juzgado en un único proceso, habrían derivado en una pena menor a la suma aritmética.

«Se pidió la unificación de pena por el monto del ilícito precedente (Vialidad, 6 años)», explicó el letrado a Clarín. Villanueva argumenta que el auto-lavado, figura por la que Báez fue condenado en la «Ruta del Dinero K», ya contiene el reproche penal por el delito precedente. «Sumar las penas sin más implica penar dos veces por el mismo hecho», insistió. Además, la defensa subraya que a lo largo del proceso judicial se sostuvo que todas las maniobras constituían una única operación y que, al haberse absuelto a Báez por asociación ilícita, la pena aplicada en la «Ruta del Dinero K» debería ser reducida proporcionalmente.

Un magistrado especializado en ejecución de penas consultado por Clarín, explicó que el «método composicional» —aquel que integra las dos penas— considera diversas variables, como las condiciones personales del imputado, los tiempos de detención y la gravedad y característica de los delitos, lo que resulta en una pena «menor a la suma aritmética» de haberse juzgado todo en un único juicio.

El patrimonio de Báez: un botín sujeto a actualización

Más allá de la duración de la pena, Lázaro Báez deberá afrontar el decomiso de bienes y las multas dispuestas en cada expediente judicial, montos que no se unifican. Las cifras serán actualizadas por peritos de la Corte, tomando como base los más de $86.000 millones determinados en la causa Vialidad y los más de 55 millones de dólares de la Ruta del Dinero K.

El patrimonio de Báez, tasado en 2016 en 205 millones de dólares y compuesto por 1.420 bienes muebles e inmuebles, ha sido objeto de exhaustiva investigación. La Justicia ha determinado que Austral Construcciones, su buque insignia, fungió como epicentro de las maniobras de corrupción, prestando más de 8,5 millones de pesos al matrimonio Kirchner para la compra del hotel Alto Calafate en 2008.

Posteriormente, entre 2009 y 2013, la constructora fondeó con más de 75 millones de pesos a Valle Mitre, otra empresa de Báez dedicada a la administración de tres hoteles de la expresidenta, garantizando así un incremento constante del patrimonio de los Kirchner a través del pago de cánones de locación. Asimismo, Austral Construcciones realizó la permuta de un terreno con Cristina Kirchner para ampliar el hotel boutique Casa Patagónica Los Sauces en El Calafate. La empresa, que se convirtió en inquilina de la inmobiliaria Los Sauces SA (propiedad de la familia Kirchner e investigada por lavado de dinero), fue reconocida como la principal constructora de Santa Cruz, manteniendo un único cliente: el Estado nacional, entre 2003 y 2015. Seis empresas del Grupo Austral contrataron habitaciones en los hoteles de Cristina Kirchner, simulando gastos como parte de una operación de lavado de activos ahora bajo investigación en la causa Hotesur-Los Sauces.