En un nuevo traspié judicial para el Gobierno, la Cámara Federal de La Plata confirmó la suspensión del decreto que buscaba transformar al Banco de la Nación Argentina en una sociedad anónima. La decisión ratifica un fallo anterior y suma un nuevo capítulo a la disputa por el futuro de la entidad bancaria más grande del país.
La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, integrada por los magistrados Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, avaló el dictamen en primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla. En marzo, el juez había concedido una medida cautelar que frenaba por seis meses la aplicación del decreto 116/2025. El Poder Ejecutivo había apelado la medida, pero el tribunal de alzada ahora la ha confirmado.
### Argumento clave: Exclusión del Congreso
Según se desprende del fallo, «la privatización del Banco de la Nación Argentina fue objeto de exclusión del proyecto originario -remitido por el Poder Ejecutivo- que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos». En consecuencia, la Cámara concluyó que la facultad de delegación invocada por el Poder Ejecutivo para disponer la transformación en sociedad anónima «no pueden aplicarse a una entidad a la que el Congreso no habilitó a modificar en su naturaleza».
La acción judicial que dio origen a este fallo fue impulsada por trabajadores del Banco Nación, con el respaldo de la Asociación Bancaria, cuyo titular, el diputado nacional Sergio Palazzo, intervino como amicus curiae.
En una jugada política que coincidió en el tiempo con este fallo, este martes Palazzo también logró que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo postergara el tratamiento del decreto 116/25. «Hay cuestiones de fondo que está resolviendo la Cámara de La Plata y solicito la postergación para hacer un mejor análisis con relación a los considerandos que el juez estableció en la cautelar”,argumentó el legislador de Unión por la Patria. La base de su planteo fue una nota presentada al Congreso por los abogados que litigan en la causa de Ramos Padilla.
### La insistencia oficial y el decreto 116/25
La idea de privatizar o, al menos, transformar la naturaleza jurídica del Banco Nación, ha estado presente en la agenda gubernamental desde el inicio. Originalmente, formaba parte de la lista de empresas a privatizar incluidas en el proyecto original de la Ley Bases, pero fue excluida durante el debate parlamentario. A pesar de ello, la intención del equipo liderado por Daniel Tillard, presidente del BNA, fue avanzar en la transformación en sociedad anónima, citando como ejemplo el modelo del Banco do Brasil.
Así fue como, en febrero pasado, el gobierno nacional emitió el decreto 116/25, disponiendo la transformación del «Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima». La justificación oficial es que esto «contribuirá a modernizar su estructura jurídica y operativa, permitiendo una mayor flexibilidad en su gestión y adaptación a las mejores prácticas del mercado financiero, incorporando mecanismos de gobierno más ágiles y eficientes, y una administración más profesionalizada y alineada con estándares internacionales de transparencia, eficiencia y control».
El decreto también sostiene que esta transformación «permitirá optimizar la asignación de recursos, fortalecer su posición en el mercado y potenciar su capacidad de financiamiento, en beneficio de sus clientes y del desarrollo económico en general». La norma establece que los accionistas del futuro BNA SA serían el Estado Nacional (con el 99,9% de participación) y la Fundación del Banco de la Nación Argentina (con el 0,1%). Sin embargo, por ahora, el freno judicial se mantiene firme.
