Barras infiltrados en protesta de jubilados: más de 100 detenidos
Una protesta de jubilados que reclamaban mejoras en sus haberes terminó en un enfrentamiento con la Policía en las inmediaciones del Congreso. Lo que en principio parecía una manifestación pacífica, se tornó violenta con la participación de barras bravas de distintos clubes, incluyendo Chacarita Juniors, Rosario Central, Nueva Chicago, All Boys, Independiente y Racing.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación, se detuvo a más de 100 barras, en su mayoría pertenecientes a las segundas y terceras líneas de las hinchadas. A los detenidos se les aplicará el derecho de admisión, prohibiéndoles el ingreso a cualquier estadio del país.
Tapia bajo la lupa: Bullrich promete investigar
En medio del escándalo, Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, se comunicó con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para negar cualquier vínculo con la movilización. Tapia aseguró que la organización se realizó a través de redes sociales y que él no tenía «nada que ver».
Sin embargo, Bullrich se mostró escéptica y prometió investigar a fondo la posible conexión entre la política y los hechos de violencia. «Nos dijo que no había ninguna responsabilidad de su parte, pero vamos a investigar. Y si descubrimos que estuvo detrás, le caeremos con todo el peso de la ley», declaró la funcionaria. La cercanía de Tapia con el Partido Justicialista y su potencial futuro como candidato político añaden un condimento extra a la situación.
Seguridad reforzada y derecho de admisión endurecido
El operativo de seguridad desplegado para la protesta incluyó a mil efectivos de las Fuerzas Federales, una cantidad similar a la utilizada en un Superclásico. La Dirección de Seguridad en el Fútbol, a cargo de Franco Berlín, había anticipado la presencia de barras «disidentes» en la manifestación.
Tras los incidentes, el Ministerio de Seguridad publicó en el Boletín Oficial un endurecimiento del derecho de admisión a los estadios de fútbol. La Resolución 301/2025 faculta al Ministerio a restringir la concurrencia a «toda persona que considere que puede generar un riesgo para la seguridad pública», incluyendo a imputados, procesados o condenados por delitos o contravenciones relacionados con la violencia en el fútbol. La medida también alcanza a aquellos con antecedentes de conductas violentas en eventos deportivos, ya sea antes, durante o después de los partidos.
