Custodia VIP con tobillera: El dilema de la seguridad de la ex presidenta en su nuevo ‘domicilio’
La noticia de la prisión domiciliaria para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras el atentado sufrido en septiembre de 2022 por Fernando Sabag Montiel, ha generado un verdadero entuerto digno de análisis en el ámbito de la seguridad. Si bien la intención es modificar el despliegue policial «inusitado» que rodeaba a la ex mandataria, hay un elemento que, al parecer, se mantiene inalterable: el comisario mayor Diego Carbone al frente del Centro Estratégico de Control Operacional y Custodia de Ex Mandatarios de la Policía Federal.
La paradoja es mayúscula: mientras Carbone conserva su rol institucional, en el Ministerio de Seguridad aseguran que su intervención en la vigilancia directa de la ex presidenta condenada será nula. Dicha tarea recaerá, con todo el peso de la ley, en el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que monitoreará sus movimientos a través de la omnipresente tobillera electrónica. Una joya tecnológica que, en esta nueva etapa, será su compañera inseparable, marcando los límites de su ahora reducida libertad.
Cambio de guardia: ¿Fin de una era de despliegue?
Es que la decisión judicial de conceder la prisión domiciliaria a la ex mandataria, en su departamento de Constitución, planteó una situación incómoda para las fuerzas de seguridad. La custodia que le corresponde como ex presidenta no debería, en teoría, velar por el cumplimiento de la pena impuesta por el TOF N° 2 de seis años de reclusión. Una fuente calificada del gobierno, consultada por Clarín, confirmó que «por el momento» Carbone seguirá en su cargo, dependiente de la Superintendencia de Seguridad y Custodia, una fuerza que, paradójicamente, fue modificada recientemente con la creación de la División Federal de Investigaciones (DFI), un ambicioso «émulo del FBI criollo».
Los vientos de cambio soplan fuerte en la Federal, y aunque aún no hay modificaciones definitivas en el organigrama, la DFI es vista como el futuro de la institución. «Es una transición para que sólo quede la DFI», aventuró otra fuente gubernamental. Sin embargo, en la cartera que lidera Patricia Bullrich, dan por sentado que el jefe policial no podrá mantener los 120 efectivos que, hasta ahora, custodiaban a Cristina Fernández de Kirchner. Un ejemplo palpable de esta reconfiguración es la disolución de la división fija que tenía sede en El Calafate, ese «lugar en el mundo» donde la ex presidenta buscaba refugio. La explicación ministerial es lapidaria: «Solo podrá salir de su domicilio con autorización judicial», para situaciones muy específicas como visitas médicas o trámites urgentes.
La ley bajo la lupa: ¿incompatibilidades y evitaciones?
No obstante, fuentes de la Policía Federal advierten sobre una supuesta incompatibilidad en las funciones de Carbone —quien también administra la custodia de Mauricio Macri, entre otros ex mandatarios— con el control de la pena de la condenada en la causa Vialidad. En el seno del gobierno, se admite una intención clara de «no provocar» al entorno de la ex mandataria, buscando así evitar posibles «episodios de violencia callejera», un escenario que nadie desea en un contexto ya de por sí volátil.
Para el Gobierno, según fuentes oficiales, la Ley de Ejecución Penal, N° 24.660, es meridianamente clara: prohíbe la custodia de reos por parte de las fuerzas policiales y asigna ese rol al Servicio Penitenciario Federal. En este caso particular, el SPF, a través de la tobillera electrónica, controlará los movimientos de la ex presidenta desde un centro de monitoreo donde también intervienen técnicos de la Policía Federal. Un complejo entramado de monitoreo que, en última instancia, buscará garantizar el cumplimiento de la pena, sin mayores sobresaltos que los tecnológicos.
