<div class="semiton-wrapper" data-texto="En un giro digno de un culebrón tribunalicio, los jueces de Casación se suman al coro de los fiscales de Comodoro Py para pedirle al Gobierno algo insólito: ¡recursos!
Así es, pidiendo lo básico para laburar, no vaya a ser que el Sistema Acusatorio termine funcionando con palitos y chicle.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia asegura que todo marcha sobre ruedas, desconociendo ‘a qué se refieren con la falta de recursos’. ¿Será que creen que los expedientes se tramitan por telekinesis?">
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno nacional y los fiscales del estratégico fuero de Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, emitió un contundente pronunciamiento en respaldo a las preocupaciones manifestadas por el Ministerio Público Fiscal. Mediante una acordada firmada por los jueces de sus cuatro salas, el tribunal solicitó al Poder Ejecutivo Nacional una implementación del sistema procesal acusatorio que cuente con una "previsión responsable de recursos".
El planteo de la Casación avala de forma explícita las diversas preocupaciones expuestas por los fiscales de distintas instancias, quienes serán los actores principales en la conducción de las investigaciones una vez que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Los temas que generan mayor inquietud en el ámbito fiscal abarcan desde la notoria falta de recursos materiales y tecnológicos, pasando por un escaso presupuesto asignado, hasta una deteriorada infraestructura edilicia. Este cúmulo de deficiencias, según los fiscales, podría "peligrar el correcto funcionamiento" del nuevo sistema judicial.
El Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha sido la figura encargada de canalizar formalmente estas inquietudes ante el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Casal remitió un total de veinte notas detallando las dificultades que atraviesa el Ministerio Público Fiscal de cara a la crucial implementación del sistema acusatorio.
Por primera vez desde que se comenzaron a enviar estos oficios, el Gobierno brindó una respuesta pública a través del secretario de Justicia, Sebastián Américo. Durante el plenario del Consejo de la Magistratura, Américo ratificó que el 11 de agosto próximo se pondrá en marcha el Sistema Acusatorio, sin dar señales de un posible aplazamiento.
Frente a los recurrentes reclamos del Ministerio Público Fiscal respecto a la falta de elementos básicos para operar, Sebastián Américo manifestó desconocer "a qué se refieren con la falta de recursos". Y añadió, con aparente confianza: "Entendemos la preocupación honesta de muchos fiscales pero estamos no solo con un plan que tiene mas de dos años, que estuvo pensado, sino que además estamos en plazo absoluto de los compromisos que asumimos así que nos sentimos muy confiados de que vamos a llegar". Pareciera que el secretario cree que la justicia penal federal se resuelve a pura fuerza de voluntad y buenas intenciones.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal han dejado en claro que no se oponen a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, convencidos de que su tarea esencial es la de impulsar los procesos penales. Sin embargo, las notas enviadas sostienen de manera unánime que las condiciones actuales están muy lejos de ser óptimas para llevar a cabo un cambio de semejante trascendencia y complejidad.
Además, los fiscales han señalado una preocupante falta de "planificación y previsibilidad" por parte del Ministerio de Justicia. Esto, según indicaron, expone en algún punto un "desconocimiento de lo complejo y delicado que el fuero federal penal es y los casos que se abordan acá", tal como confió a Clarín un integrante del MPF.
La Casación se pronuncia
La tensión entre los fiscales del fuero donde se investigan los casos de corrupción de alto impacto, el lavado de dinero y el narcotráfico, y el Gobierno, sumó una voz de peso insospechado: la de los jueces del máximo tribunal penal del país.
En una acordada de seis páginas, a la que este medio tuvo acceso, la Cámara de Casación fue categórica: "Cabe poner de resalto que la implementación del Código Procesal Penal Federal debe acompañarse con la previsión responsable de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que aseguren las condiciones necesarias suficientes para la operatividad del sistema y el normal funcionamiento del servicio de justicia".
Del significativo acuerdo participaron los jueces Daniel Petrone, Alejandro Slokar, Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajal, Juan Carlos Gemignani, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Un elenco de peso que no suele expedirse sobre cuestiones operativas con tanta vehemencia.
En el texto del documento se señaló que la exigencia de una "previsión responsable" responde directamente a las necesidades que han sido relevadas por diversas instancias del Poder Judicial, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, y la Secretaria General de la propia Cámara Federal de Casación Penal. Este último punto es relevante "en atención a la superintendencia que le incumbe al Tribunal sobre el edificio de Comodoro Py 2002".
En este sentido, los jueces de Casación recordaron en la acordada que la superintendencia del icónico edificio de Comodoro Py, sede central de una parte neurálgica de la justicia federal, corresponde a la Cámara. "Esta decisión se adoptó en el marco del avance de las obras edilicias que, para ese entonces, ya habían permitido la instalación de numerosos tribunales y dependencias del Ministerio Público en el inmueble, sin perjuicio de que en el futuro se sumaran otras oficinas a medida que se habilitaran nuevos sectores", señalaron, subrayando su conocimiento de la realidad operativa de las dependencias judiciales.
Los nuevos colegios de jueces y el espacio físico
El planteo de la Casación se formuló, además, en el marco de la inminente creación de tres colegios de jueces, una de las novedades centrales que introduce la nueva estructura del sistema acusatorio. "El funcionamiento de tales colegios se rige por los principios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes y distribución razonable del trabajo con el objetivo de lograr la eficiencia del sistema", explicaron en la acordada.
En su decisión, la Cámara observó que dichos colegios de jueces funcionarán necesariamente en el edificio de Comodoro Py 2002, cuya administración edilicia le ha sido delegada. Por lo tanto, "oportunamente deberá abordar la asignación de espacios a tal fin", un detalle logístico que, en un edificio donde el espacio es oro líquido, no es menor y requiere previsión. En definitiva, la Casación pone el dedo en la llaga: para que el sistema funcione, hace falta plata, personal y, sí, un lugar donde poner todo eso.
