La Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, solicitó al Ministerio de Justicia, liderado por Mariano Cúneo Libarona, el envío de fondos para la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales. La solicitud no solo se centra en la necesidad de recursos, sino que también advierte sobre un importante recorte presupuestario que compromete el correcto funcionamiento del nuevo sistema.
### Un sistema acusatorio con presupuesto de saldo
El pedido inicial de la Procuración ascendía a 614.000 millones de pesos, sin embargo, el presupuesto aprobado por el Gobierno se redujo a 454.807 millones. Esta diferencia genera una «acuciante situación presupuestaria», según la nota enviada por Casal a Cúneo Libarona. La mayor parte del presupuesto, más de 400 mil millones de pesos, está destinada a cubrir salarios, dejando un margen escaso para la inversión en tecnología e infraestructura necesarias para el nuevo sistema.
La implementación del sistema acusatorio, que coloca a los fiscales al frente de las investigaciones y prioriza la oralidad, requiere de recursos tecnológicos y humanos que actualmente no están disponibles. En General Roca y Comodoro Rivadavia, donde el sistema ya se implementó a finales de 2024, aún faltan herramientas informáticas esenciales como el software UFED Inseyets, fundamental para investigaciones complejas. «Se está proporcionando un tercio de lo requerido para garantizar el debido funcionamiento del sistema acusatorio», afirmó una fuente de la Procuración.
### Preocupación por las próximas implementaciones
La preocupación se extiende a las próximas implementaciones del sistema en Mar del Plata y Bahía Blanca, previstas para abril y mayo de 2025, respectivamente. La falta de respuesta a diagnósticos previos sobre las necesidades de estas jurisdicciones y la «acuciante situación presupuestaria» hacen temer por el éxito de la implementación. Si bien la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura trabajan en coordinación con el Ministerio de Justicia, la visita de Horacio Rosatti a las nuevas jurisdicciones no garantiza la solución a la falta de recursos.
### El ajuste llegó a la justicia
La justificación del Ministerio de Economía para el recorte presupuestario se centra en la «política prioritaria» de equilibrio fiscal y reducción de impuestos. Según Casal, en una reunión con autoridades económicas se le informó que «se deberán revisar los programas y los proyectos acordes al nivel de créditos» y que, si esto implica «diferir o dilatar programas», así deberá ser. La Procuración argumenta que la ley de creación del sistema acusatorio establece que el Tesoro Nacional debe dotar al Ministerio Público Fiscal de los recursos necesarios, y que la situación actual es «diametralmente opuesta». «No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos para tal fin», concluyó Casal.
