La fiscal Mónica Cuñarro solicitó el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa por abuso sexual iniciada por su ex secretaria privada, Melody Rakauskas. La fiscalía considera que «no hay elementos de prueba que respalden la imputación, más allá de los dichos de la denunciante». Esta decisión se produce luego de que el juez Fernando Caunedo solicitara la opinión de la fiscalía tras la apelación de Espinoza a su procesamiento y el pedido de Rakauskas de elevar la causa a juicio oral. Cabe destacar que Cuñarro fue colaboradora de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y firmante de la solicitada fundacional de Justicia Legítima, agrupación a la que pertenece Espinoza.
Un viaje a Barcelona y acusaciones cruzadas
En julio de 2024, la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Espinoza por «abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia», con un embargo de $1.500.000. La desobediencia se relaciona con el incumplimiento de la orden de no contactar a la víctima. Espinoza, en su defensa, alegó que Rakauskas era una «agente inorgánico de inteligencia» o que padecía un «trastorno psicológico». Posteriormente, la Justicia le negó un viaje a Barcelona para un evento sobre «Ciudades inteligentes», pero luego lo autorizó tras una fianza de 10 millones de pesos depositada desde la cuenta de su hija. Paralelamente, la Municipalidad de La Matanza denunció a Rakauskas por espionaje y lavado de activos, denuncia que fue desestimada por la Justicia.
Las pruebas y el testimonio de la víctima
Rakauskas, quien trabajó informalmente como secretaria de Espinoza durante dos semanas, declaró que el intendente la presionaba para cenar juntos. En uno de esos encuentros, según su testimonio, Espinoza se bajó los pantalones, la violentó y la manoseó. Presentó fotos de moretones en las piernas, supuestamente producto de un forcejeo al negarse a hacerle masajes a Espinoza. La investigación reveló que el celular del intendente se activó en antenas cercanas al domicilio de la denunciante. A pesar del peritaje psicológico a la víctima y las pruebas presentadas, la fiscal Cuñarro no las consideró suficientes para sostener la acusación.
