¿Alberto Fernández y el misterio de las comisiones millonarias? Parece novela de verano, pero es la realidad argentina. La Justicia vuelve a la carga: inhibición de bienes para el expresidente y sus brokers amigos. ¿Habrá final feliz o solo será un capítulo más en la saga de la corrupción criolla?
3.000 millones en comisiones… ¿a cuánto cotiza el seguro contra la impunidad? La trama se complica: decretos cuestionados, intermediarios sospechosos y una cooperativa que parece salida de una película de mafiosos. ¿Será casualidad o hay gato encerrado?
Casanello reflotó la causa como quien encuentra un billete de 1000 en el bolsillo del pantalón. La fiscalía apeló y el juez, ni lerdo ni perezoso, dictó la inhibición. ¿Se les habrá aguado la fiesta a más de uno?
Alberto Fernández: De nuevo en la mira judicial por presunta defraudación
El juez federal Sebastián Casanello dispuso una nueva inhibición general de bienes sobre el expresidente Alberto Fernández, su amigo Héctor Martínez Sosa, la ex secretaria privada de Fernández, María Cantero, y otros involucrados en la causa por presunta defraudación en la contratación de seguros con Nación Seguros SA. La decisión se fundamenta en la investigación de contratos con organismos estatales que generaron más de 3.000 millones de pesos en comisiones, pagos considerados irregulares por la justicia. Fernández está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
Un entramado de decretos, comisiones y sospechas
El juez Casanello retomó las inhibiciones de bienes luego de que la fiscalía apelara la decisión previa de levantarlas. La causa, inicialmente instruida por el juez Julián Ercolini, gira en torno a un decreto firmado por Fernández que, según la justicia, «vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas» y facilitó un posible direccionamiento de los contratos. Se investigan 45 contratos, la participación de 25 intermediarios de seguros y una cooperativa que podría haber funcionado como financiera para desviar fondos públicos.
La justicia considera que se montó una «estructura criminal» con la participación coordinada de al menos 40 personas, entre ellas brokers de seguros que, «con la connivencia de Alberto Fernández», se habrían beneficiado de la contratación de seguros por parte de diversos entes estatales. El magistrado argumentó que la medida busca «asegurar la eficacia del juicio» y evitar que la demora del proceso permita frustrar el cumplimiento de una eventual sentencia. El embargo se aplicará a cuentas corrientes, cajas de ahorro (con un límite del 20% en cuentas sueldo), plazos fijos e inversiones, además de restringir el acceso a cajas de seguridad.
El rol del amigo presidencial
La investigación señala a Héctor Martínez Sosa, amigo íntimo del expresidente, como una figura clave en la presunta maniobra. Según la justicia, empresas y productores vinculados a Martínez Sosa habrían percibido más del 87% de las comisiones pagadas por Nación Seguros. Se investigan además obsequios, préstamos, dinero, joyas y el uso de inmuebles entre Martínez Sosa, María Cantero y el expresidente Fernández. Aparecen también nombres como Oscar Castello y Ernesto Mercuri, con supuestos aportes a la campaña presidencial de Fernández, y Pablo Torres García, quien junto a Martínez Sosa y Castello, habría influenciado las decisiones de Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros. Se estima que Martínez Sosa estaría vinculado a operaciones por más de 2.297 millones de pesos en comisiones, representando el 68,3% del total investigado.