¿Vialidad en la Corte? ¡Se armó la gorda! Casación rechazó los recursos de CFK, Báez y López. La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la condena por administración fraudulenta.
¿Asociación ilícita? El fiscal Villar dice que sí, pide 12 años. Pero Casación, por ahora, lo dejó con las ganas. Hornos, en disidencia, cree que hay olor a «cuestion federal»
85.000 palos verdes en juego… ¿Habrá para todos? La novela de Vialidad sigue, y el final está abierto. Preparen el pochoclo.
Casación rechaza recursos y el caso Vialidad llega a la Corte Suprema
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios presentados por Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros acusados en la causa Vialidad. Con esta decisión, se confirmó la sentencia condenatoria por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, dictada en diciembre de 2022. El expediente será elevado a la Corte Suprema de Justicia para su análisis final.
El debate sobre la asociación ilícita
La condena por administración fraudulenta, que incluye una pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner, se mantiene firme. Sin embargo, la controversia en torno al delito de asociación ilícita persiste. El fiscal general Mario Villar insiste en la existencia de elementos suficientes para atribuir a la ex presidenta la jefatura de una asociación ilícita y solicita una pena de 12 años de prisión. La Sala IV de Casación, por mayoría, denegó el recurso extraordinario del fiscal en este punto, aunque el juez Gustavo Hornos votó en disidencia, argumentando que la absolución por asociación ilícita fue arbitraria.
El camino hacia la Corte Suprema
La decisión de Casación habilita a los imputados y a la fiscalía a presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal tendrá la última palabra sobre la condena y la posible ampliación de la misma por el delito de asociación ilícita. La sentencia condenatoria solo se considerará de cumplimiento efectivo una vez que la Corte Suprema se pronuncie al respecto. El juez Hornos, en su voto en disidencia en noviembre pasado, ya había sostenido que los acusados debían ser condenados también por asociación ilícita, señalando a Cristina Kirchner como jefa de una organización destinada a desviar fondos públicos. El daño ocasionado por la maniobra fraudulenta en la obra pública se estimó en 85.000 millones de pesos.