Un giro histórico en la doctrina jurídica argentina
El gobierno de Javier Milei firmó un acuerdo histórico con la familia del capitán Humberto Viola y su hija de 3 años, asesinados por un comando del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deberá decidir si homologa el acuerdo para su entrada en vigencia. Este convenio, que busca «Justicia, Verdad y Reparación», obliga a la justicia argentina a reabrir el caso y buscar a los autores mediatos del crimen, ya que la mayoría de los materiales fueron condenados e indultados por el ex presidente Carlos Menem en 1989.
Reapertura del caso y debate sobre la imprescriptibilidad
El acuerdo compromete al Gobierno a presentar un proyecto de ley que declare la imprescriptibilidad de los crímenes de organizaciones terroristas y a implementar medidas de satisfacción y no repetición. Según fuentes judiciales, este acuerdo, de ser homologado, podría sentar un precedente legal para otras causas similares, como el atentado contra el comedor de la Policía Federal en 1976 o la toma del regimiento de Formosa en 1975. El gobierno de Alberto Fernández había rechazado el reclamo de la familia Viola basándose en la doctrina jurídica kirchnerista, que considera delitos de lesa humanidad solo aquellos cometidos por las fuerzas armadas. La decisión de Milei representa un cambio radical en esta postura.
La renuncia a la indemnización y la búsqueda de justicia
En un gesto significativo, María Fernanda Viola, hija del militar y sobreviviente del atentado, renunció expresamente a cualquier pretensión indemnizatoria, enfocándose en la búsqueda de justicia. El brutal atentado, ocurrido el 1° de diciembre de 1974 en Tucumán, conmocionó al país. El texto del acuerdo se mantiene en reserva, pero la querellante, patrocinada por el abogado Javier Vigo Leguizamón, informó a la CIDH sobre los términos generales del convenio. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue uno de los impulsores del acuerdo. La querella espera que la CIDH recomiende a Argentina investigar penalmente los hechos y juzgar a los autores, tanto directos como mediatos, del ataque a la familia Viola. En la causa penal archivada en 2011 por el ex juez federal Daniel Bejas, la querella había citado la crítica del ex embajador Emilio Cárdenas a la postura de la Procuración General de la Nación, contraria a declarar imprescriptibles los crímenes de la guerrilla. La querella argumenta que la existencia de un conflicto armado interno no requiere control territorial o político por parte de las partes, basándose en el caso «Milosevic» de la guerra de los Balcanes.
