¿Se viene el plot twist en el caso YPF?
La jueza estadounidense Loretta Preska, quien condenó a Argentina a pagar U$S 16.000 millones al fondo Burford Capital por la estatización de YPF, abrió una inesperada ventana de oportunidad para el país. Preska solicitó a las partes involucradas que respondan a una denuncia presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que podría anular el fallo original. La denuncia, realizada por el abogado argentino Fernando Irazu, expone supuestas maniobras fraudulentas en la compra del 25% de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, en connivencia con el gobierno kirchnerista en 2008.
Las sombras de la estatización
RAFA presentó ante la jueza dos pruebas clave: una denuncia de Elisa Carrió de 2006, que acusa al kirchnerismo de vaciar YPF para adquirir sus acciones a un precio menor, y un informe secreto de la UIF de 2018, que detalla los supuestos entramados financieros del Grupo Petersen y la posible persistencia de derechos económicos de los Eskenazi sobre la demanda de Burford. La presentación argumenta que la disputa, tratada como un caso civil, encubre un esquema criminal internacional que derivó en un fraude procesal ante el tribunal estadounidense.
Argentina contra las cuerdas (¿o no?)
La jueza Preska dio plazo hasta el martes para que Argentina responda a la denuncia. La expectativa se centra en si el gobierno actual apoyará la tesis de RAFA, abriendo la posibilidad de evitar el pago de los U$S 16.000 millones. Tanto la Procuración del Tesoro como el Ministerio de Justicia se negaron a hacer declaraciones al respecto. La decisión final de Preska podría tener un impacto significativo en las arcas del Estado argentino y en el futuro de YPF.
