La Coalición Cívica ha puesto en el tablero legislativo un jaque al Poder Ejecutivo, presentando este viernes un proyecto que busca declarar la invalidez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que implementa una reforma profunda en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La jugada política se basa en el argumento de que dicho organismo estaba expresamente excluido del área de intervención de las facultades delegadas al Ejecutivo, según la Ley Bases que impulsó el gobierno en el inicio de su gestión.
Los diputados de la Coalición Cívica, el espacio fundado por Elisa Carrió, manifestaron su rotundo rechazo a «toda medida del Poder Ejecutivo Nacional que pudiera afectar la autarquía, independencia técnica, estructura organizativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y cualquier reducción presupuestaria que pudiera afectar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030».
Un DNU bajo escrutinio
El decreto en cuestión, el 462/2025, fue publicado el martes en el Boletín Oficial, justo al límite de la fecha de vencimiento de las famosas facultades delegadas. Su contenido ha encendido las alarmas: eliminó la autarquía administrativa y la dirección nacional por concurso en el INTA, centralizando el poder de decisión en el presidente de la entidad. Una movida que, para los críticos, raya en la intervención encubierta.
El INTA, reconocido por su reputación federal en investigación aplicada en el sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, ha sido históricamente un baluarte de la ciencia y tecnología argentinas, aunque en los últimos tiempos algunos sectores demandaban ajustes y reformas. Ahora, se encuentra en el ojo de una tormenta política.
La Coalición Cívica levanta la bandera de la legalidad
Desde la Coalición Cívica, se sostiene que el DNU 462 es un «claro exceso de las bases de la legislación legislativa». Los diputados focalizan sus objeciones en la eliminación de la autarquía, que ahora subordina al INTA a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. Insisten en que esta reforma «esconde una virtual ‘intervención'».
Este es el argumento central que sustenta el pedido de invalidez del decreto. Precisamente, la normativa se fundamentó en las facultades delegadas a través de la Ley Bases, y la Coalición Cívica recuerda que esa misma ley excluía al INTA de los organismos que podían ser intervenidos por el Ejecutivo.
«En lo formal el Poder Ejecutivo no dispuso una intervención del INTA pero en la práctica, la eliminación de su Consejo Directivo (integrado en forma plural) y otorgando la facultad de decisión a un Secretario dependiente jerárquicamente del Poder Ejecutivo Nacional es equiparable a una intervención», explicaron los diputados Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto, signatarios del proyecto de resolución.
«Una intervención implica la remoción de las autoridades del organismo y la designación, en su lugar, de un funcionario del Poder Ejecutivo para ejercer la administración y dirección. En consecuencia, la designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equiparable a una intervención, violando las bases de la delegación dispuestas por este Congreso así como sus prohibiciones», ahondaron en su argumentación.
Y añadieron: «La cuestión es preocupante ya que es un organismo que ha demostrado gran profesionalismo y excelentes resultados en materia de tecnología agropecuaria, convirtiéndose en un organismo referente en investigación y desarrollo agroindustrial a nivel nacional e internacional».
La visión del ejecutivo y los cambios en la estructura
Por su parte, el Gobierno justificó los cambios a través de un comunicado oficial: “El INTA, una de las entidades más emblemáticas del país, se desvió durante los últimos años de su propósito original, siendo utilizado como herramienta de militancia política y con un enfoque guiado por los lineamientos de la Agenda 2030 y alejado de las necesidades reales del progreso del sector agroindustrial”.
Para avalar el ajuste, el Ejecutivo hizo referencia a la dotación de personal del organismo («6059 agentes») y a su presupuesto anual («$229.000 millones»).
Tras las modificaciones impuestas, el actual presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, asumirá la conducción del organismo, ahora sin la figura de un director nacional, y liderará un consejo técnico conformado por otros siete miembros. Estos serán designados por él mismo, con la particularidad de que cuatro de ellos deberán ser propuestos por “las entidades agropecuarias”. Anteriormente, el consejo estaba integrado por 10 miembros, con 7 de ellos representando a entidades agropecuarias y facultades de Agronomía y Veterinaria, lo que implicaba una mayor pluralidad de voces en la toma de decisiones.
