El Gobierno se prepara para enfrentar meses de intensa turbulencia legislativa, previo a las elecciones de octubre. Desde el Congreso, la oposición ha trazado una hoja de ruta con proyectos que, de prosperar, podrían impactar directamente en los planes económicos de la administración de Javier Milei y generar un costo político significativo.
Fuentes cercanas a la Casa Rosada, según lo informado por Clarín, son plenamente conscientes de que el kirchnerismo empleará tanto la Cámara de Diputados como el Senado para intentar desestabilizar el superávit fiscal, una de las banderas más defendidas por el Presidente. Esta tendencia, cabe destacar, cobró especial fuerza tras la ratificación judicial de la condena a Cristina Kirchner en el caso Vialidad.
La oposición ya dio un primer golpe estratégico este martes en el Senado, al forzar la conformación de una comisión, presidida por el oficialismo, para impulsar el tratamiento de un proyecto de aumento de jubilaciones. La iniciativa prevé una mejora del 16,4% para los haberes mínimos y del 7,2% para quienes perciben ingresos superiores.
El oficialismo, en su intento por dilatar el proceso, busca mantener cerrada la comisión de Presupuesto, instancia obligatoria para el paso de la propuesta. Sin embargo, la oposición se muestra decidida a librar esta batalla y contaría con los avales necesarios para forzar un dictamen que permita llevar el tema al recinto.
El costo fiscal de la discordia
El aumento jubilatorio representa un costo fiscal equivalente al 0,7% del Producto Bruto Interno. Ante esta situación, Javier Milei ya anticipó su postura: de aprobarse en el Senado, ejercerá su potestad de veto. La interrogante ahora radica en si el Ejecutivo logrará reunir el tercio de los votos en Diputados, tal como lo hizo en otras ocasiones, para ratificar su decisión y evitar que el veto sea revertido.
Otro punto de fricción reside en la declaración de emergencia en discapacidad. Según estimaciones de la Oficina del Presupuesto del Congreso, esta medida implicaría un costo fiscal que oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Esta propuesta, al igual que el aumento jubilatorio, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La oposición «no K» en el Senado ha exigido la convocatoria a un plenario de comisiones para este jueves, con la intención de obtener dictamen, según se desprende de la nota presentada con las firmas de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, junto a Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Alejandra Vigo (Unidad Federal).
En paralelo, diputados radicales considerados «díscolos» lograron este miércoles en el recinto el emplazamiento para el tratamiento en comisión de proyectos de financiamiento universitario y la emergencia de salud pediátrica. El objetivo es obtener despacho y llevar estas iniciativas al recinto en las próximas semanas, una medida que busca atender directamente la demanda de los trabajadores del hospital Garrahan.
Actualmente, se negocia la posibilidad de convocar a una sesión para la primera semana de agosto. Sin embargo, el clima en la Cámara Baja no es el más propicio, y las negociaciones entre los distintos bloques opositores son cada vez más tensas.
Variedad de frentes abiertos
La agenda opositora se extiende a propuestas para declarar la promoción en salud mental y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), iniciativas que los radicales díscolos buscan impulsar con el apoyo del kirchnerismo y los bloques federales.
A esto se suma la presión ejercida por diputados cordobeses, alineados con el gobernador Martín Llaryora, y santafesinos, como Oscar Mirabella, para avanzar con una reducción o eliminación de las retenciones al campo. Esta acción contraviene la postura del Gobierno, que recientemente incrementó las retenciones para la soja y el maíz al 33% y 12% respectivamente.
Completando el panorama, los gobernadores han instruido a sus representantes en el Senado para impulsar un proyecto que busca coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambas iniciativas, que cuentan con el respaldo de todas las provincias, ya tienen la firma de los cuatro senadores de Convicción Federal.
Si esta propuesta avanza, marcará un punto de inflexión en la relación del Gobierno con los gobernadores, quienes hasta ahora han inclinado la balanza a favor del oficialismo en la votación de leyes clave como la Ley Bases. En este sentido, los gobernadores han advertido que, de no alcanzarse un acuerdo por los ATN y el impuesto a los combustibles, el proyecto saldrá en ambas cámaras con dos tercios de los votos, sin margen para que sea vetado por Milei.
A la conflictividad legislativa se añade la controversia generada por el fallo de la justicia estadounidense que ordena el pago por el juicio relacionado con la expropiación de YPF. Lousteau reclamó una declaración del Congreso para advertir que una jueza en Estados Unidos «no puede exigir que otro país modifique una ley porque ella dictó una sentencia”. Su colega de bloque, Maximiliano Abad, presentó un proyecto de declaración en el Senado en defensa del interés argentino ante el fallo del tribunal de Nueva York. En rigor, solicita ratificar la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de YPF S.A. Una postura similar fue expresada por Miguel Ángel Pichetto en Diputados.
Finalmente, otro tema que genera inquietud en la Casa Rosada es la comisión investigadora del «escándalo de la cripto Libra». Encuentro Federal y los radicales díscolos buscan mantener activa esta comisión en Diputados. Incluso, durante la sesión de este miércoles, Martín Menem volvió a bloquear la ofensiva de la oposición al no habilitar una moción que proponía la modificación de la ley que creó la comisión. Dado que no se llegó a un acuerdo para la designación de autoridades, la comisión no tiene forma de volverse a reunir en lo inmediato, por lo que se exploran opciones para reactivar la investigación que involucra al Presidente por haber promocionado el memecoin que alcanzó picos importantes en su cotización para caer en horas y provocar pérdidas millonarias.
