<div class="semiton-wrapper" data-texto="¡Mamita querida! La doctora Servini, en un rapto de lucidez (o para entretenernos un rato), le puso el candado a los bienes de unos cuantos muchachos que, se ve, andaban jugando a la calesita con la cripto esa que nombró el presi. Novelli, Terrones Godoy, y hasta el pobre asesor de la CNV que duró menos que un suspiro.
Pero la cosa se pone más picante, porque parece que la familia Novelli andaba de mudanza bancaria justo después del tuit fatídico. ¿Vieron? La cáscara guarda el palo, y las cajas de seguridad, al parecer, guardan… aire, después de un allanamiento. Un clásico.
Y por si fuera poco, la jueza, con esa sutileza que la caracteriza, le puso el ojo al “legajo secundario” de los hermanos Milei. Sí, el del patrimonio. Como si la vida no tuviera ya suficientes sobresaltos. Ahora, a esperar sentados a ver qué aparece de esos secretos fiscales y bancarios. ¡La novela de la cripto sigue sumando capítulos! Agárrense, que hay para rato.">
La jueza federal María Servini, en una decisión de peso, ordenó el congelamiento de los bienes y activos financieros de los principales implicados en el presunto fraude relacionado con la criptomoneda $Libra, aquella que fue promocionada por el presidente Javier Milei en febrero pasado, desatando un escándalo.
La medida judicial, enmarcada como una "prohibición de innovar" con una extensión de 90 días, tiene como objetivo primordial analizar en detalle la situación patrimonial de los imputados para evitar que realicen transferencias de bienes o vehículos mientras transcurre la investigación.
La resolución alcanzó al empresario Mauricio Novelli, organizador de Tech Forum y de cercanía al presidente Milei; a su socio, Manuel Terrones Godoy; y a Sergio Morales, quien se desempeñaba como asesor de la Comisión Nacional de Valores hasta que su presunta vinculación con la estafa salió a la luz y fue despedido.
Sin embargo, la trama se complejiza al incluir en el congelamiento los bienes y activos de María Pía Novelli y María Alicia Rafaele, hermana y madre de Mauricio Novelli, quienes hasta el momento no figuraban directamente implicadas en la presunta estafa con la criptomoneda. Su inclusión se fundamenta en grabaciones provenientes del Banco Galicia, incorporadas al expediente, donde se las observa vaciando dos cajas de seguridad del empresario, con su autorización, y colocando su contenido en una mochila y un bolso. Este accionar tuvo lugar apenas tres días después del tuit que publicó Milei y que desató el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra.
Un mes después de esta situación, la jueza dispuso allanar ambas cajas de seguridad, encontrándolas ya vacías. Lo mismo ocurrió con el allanamiento a una caja de seguridad de la madre de Novelli, que tampoco arrojó resultados.
Controles patrimoniales extendidos
En paralelo a las medidas sobre los bienes, la jueza Servini dispuso acciones para tramitar de forma reservada la investigación sobre el patrimonio del presidente Milei y de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. Esta etapa de la pesquisa se desarrolla en un legajo secundario y está bajo secreto de sumario.
De esta manera, la jueza avaló un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano para levantar el secreto fiscal y bancario de los hermanos Milei, así como el de Novelli, Terrones Godoy y Morales. El fiscal Taiano, quien tiene delegada la investigación, había solicitado previamente un "análisis sobre la evolución patrimonial" de estos cinco implicados, abarcando "desde el año 2023 hasta el presente".
La génesis de la denuncia contra el presidente Javier Milei se originó por la posible comisión de una estafa luego de que publicara en la red social X (exTwitter) un tuit publicitando la criptomoneda $Libra. La causa consideró los hechos denunciados, donde se señalaba que el precio inicial de la moneda virtual, valuado en U$S0,01, experimentó una "suba exponencial luego de la publicación del primer mandatario", llegando a alcanzar un valor cercano a los U$S5.
No obstante, a las pocas horas, esa cotización se desplomó abruptamente, una caída atribuida a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token –los principales tenedores del activo– y otros actores que habrían accedido a "información privilegiada respecto del lanzamiento". Se estima que este mecanismo habría posibilitado el retiro de aproximadamente 100 millones de dólares por parte de unas pocas wallet addresses.
A la causa central, abierta en el fuero federal penal, se sumó otra pieza: una denuncia contra Karina Milei, señalada como quien supuestamente "recaudaba coimas" para garantizar entrevistas con su hermano presidente. La acusación judicializada la identifica, en términos poco amables, como "la valijera" del gobierno nacional.
