Comodoro Py, un laberinto de expedientes y sillones vacíos
Los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py, encargados de dictar sentencia en los procesos penales, se enfrentan a una parálisis judicial sin precedentes. De los ocho tribunales existentes, siete presentan vacantes, totalizando una falta de jueces en casi un tercio de los puestos. Esta situación mantiene en vilo más de veinte causas por corrupción contra exfuncionarios kirchneristas, incluyendo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, algunas de las cuales llevan más de cuatro años esperando fecha de inicio para el juicio oral.
Juicios en pausa y una tasa de condenas alarmante
La falta de jueces titulares genera demoras significativas en los procesos judiciales, obligando a los magistrados restantes a subrogar en diferentes tribunales, lo que reduce la frecuencia de las audiencias y prolonga los tiempos de espera. Esta situación no solo afecta la eficiencia del sistema judicial, sino que también implica un mayor gasto en subrogancias, superando el costo de los sueldos de los jueces faltantes, según fuentes judiciales.
Sumado a esto, la tasa de condenas en casos de corrupción que llegan a juicio oral es extremadamente baja: solo el 1,9% según la última auditoría del Consejo de la Magistratura. Este dato, junto con la acumulación de 157 causas en trámite y la prolongada duración de las investigaciones, que pueden extenderse por décadas, genera preocupación sobre la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la corrupción. Entre los casos más emblemáticos que esperan juicio se encuentran Odebrecht-Aysa, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, los Cuadernos de las Coimas, Hotesur-Los Sauces y el Pacto con Irán.
El Consejo de la Magistratura busca soluciones, la política define
El Consejo de la Magistratura, presidido por Horacio Rosatti, ha priorizado la cobertura de las vacantes en los Tribunales Orales Federales. Si bien el Consejo ha remitido más de 184 ternas de jueces al Poder Ejecutivo, la designación final depende de la voluntad política del gobierno, que debe enviar los pliegos al Senado para su aprobación. Hasta el momento, la administración de La Libertad Avanza no ha designado ningún juez en 2024, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los juicios por corrupción y la capacidad del sistema judicial para impartir justicia de manera eficiente.
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