La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a tres años de prisión en suspenso para Santiago Goodman, ex secretario general del gremio docente ATECh en Chubut. El máximo tribunal declaró «inadmisible» un recurso de queja presentado por la defensa del sindicalista, dejando firme la sentencia dictada en 2022.
Goodman fue acusado de ser uno de los responsables del incendio provocado en el edificio de la Legislatura de Chubut, en el marco de los incidentes ocurridos el 18 de septiembre de 2019. Aquella jornada se desató en medio de una movilización de empleados estatales que protestaban contra el gobierno de Mariano Arcioni por la demora y el pago escalonado de salarios.
De acuerdo con la elevación a juicio, los manifestantes realizaron pintadas, forzaron el ingreso al edificio legislativo y prendieron dos focos ígneos que fueron avivados, provocando un incendio que puso en riesgo el edificio, áreas públicas adyacentes y personas afectadas por la inhalación de humo.
### El «buen samaritano» de los pallets y las cubiertas
Según el relato de la fiscalía, «se identificó el vehículo de Goodman» trasladando varios pallets que “fueron usados luego para avivar el fuego” en el acampe fuera de la Casa de Gobierno. Posteriormente, en medio de los hechos violentos, el sindicalista habría realizado traslados para sumar cubiertas «que son usadas para avivar el fuego, provocando que el mismo tenga más volumen», incluso aportando dos neumáticos más a los focos incendiarios.
En el juicio celebrado en 2022, la Fiscalia y la querella habían solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva para Goodman. Sin embargo, la jueza María Tolomei dictó la condena a tres años de prisión en suspenso.
### Una condena con «lecciones morales» añadidas
Como parte de la sentencia, la jueza le impuso al docente la obligación de realizar un curso de derechos humanos o constitucionales de 30 horas y cumplir 50 horas de tareas no remuneradas en la biblioteca de la Legislatura. Un gesto por demás simbólico: trabajar en el mismo lugar que se intentó incendiar.
En sus argumentos, la jueza Tolomei enfatizó que si bien no se trataba de «criminalizar la protesta», los «derechos deben ser ejercidos dentro de las normas constitucionales y las leyes», y que las organizaciones sindicales están “obligadas a respetar” dichas normas durante las movilizaciones. La protesta social, si bien «un instrumento que permite a la sociedad civil avanzar», debe ser «pacífica y sin armas, y que no vulnere derechos».
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) reaccionó en 2022 con un paro nacional docente en «solidaridad» con Goodman, calificando la situación como «criminalización» del sindicalista.
### Saber lo que se quería, un agravante
La jueza Tolomei consideró que Goodman «sabía lo que quería, la producción conjunta del fuego». Su actuación fue calificada de “espontánea y personal”, y se destacó que era consciente de que el fuego era incontrolable, actuando “con indiferencia del resultado, un fuego peligroso con posibilidades de propagación para personas y bienes”.
El fallo valoró «la prueba independiente que reunió la Fiscalía» y «el reconocimiento de lo que el mismo imputado hizo al pedir declarar en el Juicio”. La condición de docente y gremialista de Goodman, sumada a su «grado intelectual», fueron considerados un agravante para la conducta juzgada.
La decisión fue confirmada por la Cámara Penal de Trelew y por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que declaró inadmisible una impugnación. En queja, la defensa llegó a la Corte Suprema, que hoy, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso por inadmisible, dejando así firme la condena.
