La Corte Suprema, entre la espada y la pared: el nombramiento de Lijo en la mira
La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como ministros de la Corte Suprema de Justicia ha generado una fuerte controversia. Mientras García-Mansilla ya prestó juramento, la situación de Lijo es más compleja. El juez solicitó una licencia en su juzgado federal a la espera de que el Senado confirme su nombramiento, generando un debate sobre la legalidad de su accionar y la legitimidad del proceso.
Un costo reputacional en juego
En el máximo tribunal reconocen que la situación ha generado un «costo reputacional enorme». La controversia se centra en la designación por decreto mientras el Congreso se encontraba en receso, una práctica que si bien se ampara en la Constitución, es cuestionada por la oposición y diversos sectores de la sociedad. La celeridad con la que García-Mansilla juró su cargo y la reticencia de Lijo a renunciar a su juzgado hasta tener una confirmación en la Corte, alimentaron las críticas.
La Corte investiga y se prepara para definir el futuro de Lijo
Ante la lluvia de amparos y las críticas generalizadas, la Corte Suprema se abocó a investigar la legalidad de los nombramientos en comisión, rastreando antecedentes a nivel nacional y provincial. Según fuentes consultadas por Clarín, la evidencia indica que si al momento de la firma del decreto el Congreso no está en funciones, los nombramientos son legales. La Corte se prepara para definir la situación de Lijo este jueves, en una decisión que podría tener importantes consecuencias políticas e institucionales. El caso de Lijo se considera un tema de «superintendencia», lo que significa que la decisión recae en los ministros de la Corte, sin plazos perentorios ni obligación de que todos se manifiesten. La posibilidad de que la Corte apruebe la licencia de Lijo mientras el Senado aún debe tratar su pliego, abre un escenario de potencial conflicto entre poderes. Se suma a la complejidad la existencia de una denuncia contra el ministro Rosenkrantz en el juzgado de Lijo, lo que podría llevar a su excusación en la votación.
