¿Juez y parte? La polémica designación de Lijo en la Corte Suprema
El Gobierno Nacional, a través del viceministro de Justicia Sebastián Amerio, inició conversaciones con funcionarios de la Corte Suprema para sondear la predisposición del máximo tribunal a tomar juramento a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, designados en comisión por el presidente Javier Milei como nuevos jueces del cuerpo. La polémica radica en que Lijo se niega a renunciar a su juzgado federal, lo que genera incertidumbre sobre la validez de su nombramiento.
Milei aspira a presentar una Corte Suprema «completa» durante su discurso ante la Asamblea Legislativa el próximo sábado, incluso si los nuevos magistrados no han jurado aún. Desde el Ministerio de Justicia confirmaron los contactos con la Corte, aunque intentaron minimizar su importancia, limitándose a declarar que «esperan novedades pronto».
Resistencias en el seno de la Corte
Las principales objeciones se centran en la figura de Lijo, quien, aferrado a su juzgado, no ha presentado su renuncia. Si bien la normativa vigente podría permitirle ocupar el cargo en la Corte hasta el 30 de noviembre sin renunciar a su puesto actual, la falta de acuerdo en el Senado para su designación genera dudas sobre su estabilidad a largo plazo. Este temor a perder su influyente posición en Comodoro Py sería el motivo principal por el cual Lijo se resiste a abandonar su juzgado.
Un nombramiento en comisión con final abierto
Desde el Ejecutivo argumentan que la designación en comisión de Lijo y García Mansilla, a pesar de la falta de respaldo del Senado, se encuentra justificada. No obstante, la decisión final sobre la validez de la licencia de Lijo recae en la Corte Suprema, que deberá evaluar la situación a la luz de las acordadas que regulan este tipo de solicitudes. El máximo tribunal tiene la última palabra y su decisión definirá el futuro de la composición de la Corte.
