La renuncia de García-Mansilla y la estrategia del Gobierno para la Corte Suprema
La renuncia de Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema tras el rechazo de su pliego en el Senado ha generado un nuevo revés para el Gobierno. En medio de la compleja situación económica y la incertidumbre con el FMI, el oficialismo no logró convencer al jurista de mantenerse en el cargo a pesar del decreto que lo habilitaba hasta noviembre.
El «triángulo de hierro» y la espera electoral
La noticia impactó fuertemente en el círculo presidencial. Si bien se especulaba con la renuncia, la confirmación frustró las expectativas del Gobierno, que apostaba a la resistencia de García-Mansilla. Desde el entorno de Javier Milei, se busca evidenciar la disfuncionalidad de la Corte con solo tres miembros, argumento utilizado por el Presidente para justificar los nombramientos por decreto en febrero.
La estrategia del oficialismo, orquestada por Santiago Caputo y Sebastián Amerio, consiste en no presentar nuevos candidatos hasta después de las elecciones legislativas de octubre. Confían en una victoria electoral que les permita revertir la fragilidad numérica en el Congreso y evitar la dependencia de aliados. Con una nueva configuración parlamentaria, pretenden impulsar nuevas postulaciones, incluyendo nuevamente a García-Mansilla y a un nuevo candidato con un perfil más cercano al liberalismo, en reemplazo de Ariel Lijo. Ricardo Rojas, ex secretario de la Corte y amigo del Presidente, suena como posible candidato.
La oposición como responsable y la Corte «trabada»
El Gobierno, sin autocrítica por la fallida estrategia parlamentaria, atribuye la responsabilidad a la oposición por el bloqueo de los pliegos y la consecuente imposibilidad de la Corte Suprema de funcionar con tres miembros. «Se necesitan 3 votos y hoy no los tiene la Corte», argumentan desde el oficialismo, señalando las diferencias entre los jueces Lorenzetti, Rosatti y Rosenkrantz. Confían en que la ciudadanía «les cobrará en las urnas» la obstrucción a los nombramientos.
