Corte Suprema: ¡151 sentencias firmadas! ¿Tres jueces? ¡Pfff! ¿Milei preocupado? ¡Ja!
Lijo quería licencia… ¡denegada! ¿Doble cargo? ¡Ni en pedo! García-Mansilla debutó firmando… ¡un rechazo!
El Senado definirá si Lijo llega a la Corte o se queda en Comodoro Py… ¡mientras tanto, el drama continúa! Palomitas, por favor.
La Corte Suprema de Justicia dictó 151 fallos y rechazó la licencia de Lijo
La Corte Suprema de Justicia de la Nación firmó 151 sentencias el jueves pasado, el mismo día en que rechazó el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo, recientemente designado en comisión para integrar el máximo tribunal. Esta productividad se da en un contexto de debate sobre el funcionamiento de la Corte con tres miembros permanentes.
El debut de García-Mansilla y la negativa a Lijo
El flamante integrante de la Corte, Manuel García-Mansilla, participó en su primera acordada firmando el rechazo a la licencia extraordinaria de Lijo. La decisión, que contó con el apoyo de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, se basó en que muchos de los expedientes ya estaban siendo analizados por los jueces permanentes. La cantidad de fallos firmados, según fuentes judiciales, «contradice la idea de que la Corte no funciona con tres miembros», en clara alusión a las justificaciones del Poder Ejecutivo para designar jueces en comisión.
Un fallo «netamente jurídico» con implicancias políticas
La negativa a la licencia de Lijo se fundamentó en la «incompatibilidad constitucional» de ser juez con acuerdo del Senado y juez en comisión al mismo tiempo. La Corte, en un fallo unánime, señaló que la solicitud de Lijo «pone de manifiesto su expresa intención de mantener su doble calidad», lo cual resulta inadmisible. La decisión deja en manos del Senado la definición sobre el futuro de Lijo en la Corte, donde la oposición podría rechazar su pliego.
El Gobierno, por su parte, manifestó su sorpresa ante la decisión de la Corte y aseguró que no retirará el pliego de Lijo. Mientras tanto, desde el Palacio de Justicia insisten en que la discusión fue «netamente jurídica» y que la doctrina de la Corte impide conceder la licencia. El caso Lijo se convierte así en un nuevo capítulo de la tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, donde la «política, que no logra hace 300 resolver el tema», según fuentes judiciales, vuelve a ser protagonista.