Cripto-escándalo: empate y amenaza de juicio al Presidente

Redacción Cuyo News
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La comisión investigadora del denominado «cripto-escándalo $LIBRA» se congregó nuevamente, impulsada por la insistencia de los bloques opositores que en la sesión anterior forzaron esta nueva cita. Sin embargo, el encuentro replicó el desenlace de anteriores reuniones: un nuevo y frustrante empate que impidió la elección de autoridades para el cuerpo.

A pesar del estancamiento en su conformación, la comisión logró avanzar en un punto clave: la definición de las figuras que serán convocadas a brindar información. En la lista de futuros informantes se destacan nombres sensibles: los del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. A ellos se suman Hayden Davis, la persona detrás del lanzamiento de la criptomoneda cuestionada, y Mauricio Novelli, organizador del Tech Forum, el evento en el que se presentó la iniciativa.

No obstante, la persistente imposibilidad de constituir la comisión con autoridades formales ha generado un clima de profunda exasperación en la oposición. Ante la percepción de un deliberado bloqueo oficialista para impedir el funcionamiento del cuerpo, algunos sectores ya evalúan una herramienta de mayor calibre: la posibilidad de impulsar un juicio político al Presidente de la Nación.

El estancamiento y las citaciones

La próxima reunión de la comisión está prevista para el 25 de junio. Mientras tanto, y a falta de un presidente electo, la coordinación seguirá a cargo de Adrián Pagan, secretario parlamentario de Martín Menem.

Cada bloque que compone la comisión presentó una terna de personas que consideraron relevante convocar. Además de la familia presidencial, Hayden Davis y Mauricio Novelli, la lista incluye a especialistas en criptomonedas como Fernando Molina y Santiago Siri, la periodista Irina Hauser, el ex miembro de la Comisión de Valores de la Nación Sergio Morales, Alejandro Melik de la Oficina Anticorrupción y María Florencia Zicavo de la Unidad Especial de Investigación del Ministerio de Justicia.

La principal dificultad reside en la naturaleza de estas convocatorias. Al no estar constituida formalmente con autoridades y carecer de un reglamento aprobado, la comisión no posee facultades para citar a nadie por medio de la fuerza pública. Esto implica que las personas convocadas irán si quieren, lo que reduce considerablemente la capacidad de la comisión para obtener información de manera efectiva. Esta situación, calificada por la oposición dialoguista como una «obstrucción» por parte del oficialismo, ha llevado a un cambio de postura en algunos bloques, que ahora consideran la opción del juicio político.

La amenaza del juicio político

«Nosotros impulsamos desde el principio el juicio político, una herramienta que ofrece la Constitución Nacional para establecer responsabilidades y consecuencias políticas», recordó la diputada de Unión por la Patria, Carolina Gaillard, confirmando la postura inicial de su bloque.

Inicialmente, esta vía no prosperó debido a que los bloques dialoguistas no la consideraban oportuna. Sin embargo, ante la aparente parálisis de la comisión investigadora impulsada por el oficialismo y sus aliados, varios diputados han comenzado a alinearse con la idea.

Fernando Carbajal, diputado radical de Democracia para Siempre, fue explícito en su señalamiento: «Quedó patentizado la conformación del bloque de la impunidad, defensa de la corrupción, conformado por La Libertad Avanza y sus bloques vasallos, que ‘siguen bloqueando el funcionamiento de la comisión'». Carbajal agregó que «Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan porque el objetivo es impedir que la comisión funcione. ‘Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político'».

Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, si bien inicialmente no impulsaba esta medida, admitió que observando el accionar del oficialismo, «si esto no avanza», no quedará otra alternativa que recurrir al juicio político. La bancada de Encuentro Federal, si bien no lo manifestó en la propia reunión de comisión, expresó una postura similar a posteriori.

El persistente empate y la discusión por la presidencia

La decisión de la Corte Suprema de Justicia en otro tema no relacionado hizo dudar sobre la realización de la reunión de la comisión, pero finalmente todos los diputados de Unión por la Patria estuvieron presentes.

El escollo principal, tal como ha informado este diario, radica en la composición numérica del cuerpo: 14 miembros de la oposición y 14 del oficialismo más sus aliados del PRO y la UCR. Esta paridad perfecta se traduce en un empate constante a la hora de elegir al presidente, generando discusiones que en la última reunión se extendieron por más de una hora.

«Hay un segmento de esta cámara que no quiere ni siquiera averiguar si pasó algo. No se hace daño si se investiga y no hay delito. Al contrario, re reivindica. Nosotros queremos reivindicar al presidente y a la hermana», chicaneó la diputada Mónica Frade, en respuesta al argumento oficialista de que la investigación corresponde exclusivamente al ámbito judicial.

La oposición incluso planteó una propuesta para destrabar la situación, sugiriendo al oficialismo que eligieran un presidente entre cualquiera de los 14 miembros que votaron a favor de constituir la comisión investigadora. La lógica es que no les parece aceptable que la comisión sea presidida por alguien que se opuso a su conformación. «Entre los 14 alguno pasable para ustedes debe haber», esgrimió el radical Fernando Carbajal en un intento por buscar una salida.

Sin embargo, la respuesta del oficialismo y sus aliados fue negativa. «Esa regla no nos parece aceptable. No podemos aceptar de que hay un estándar o grupo de legisladores que tienen la capacidad o confiabilidad porque apoyaron y los que no votaron en el recinto tengan una especie de capacidad disminuida para garantizar la imparcialidad», explicó Francisco Monti, de la UCR, cerrando la puerta a esa posibilidad.

La comisión continuará bajo la coordinación interina de Pagan, a la espera de un acuerdo que parece cada vez más lejano, mientras la sombra del juicio político comienza a ganar terreno en el debate político.

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