La jueza Servini cita a denunciantes en el caso Milei – $LIBRA
La jueza federal María Servini solicitó a quienes presentaron denuncias contra el presidente Javier Milei por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA que ratifiquen sus acusaciones en los tribunales de Retiro. El fiscal Eduardo Taiano será el encargado de determinar, en los próximos días, si existe suficiente evidencia para iniciar una investigación penal.
El caso se originó luego de que Milei promocionara la criptomoneda $LIBRA en su cuenta de la red social X. El valor de la moneda digital se disparó de US$ 0,000001 a US$ 5,20 tras la publicación del mandatario, para luego desplomarse cerca de un 90%, dejando una ola de inversores perjudicados. Las denuncias presentadas en Comodoro Py acusan al presidente de una variedad de delitos, incluyendo estafa, negociaciones incompatibles con la función pública, asociación ilícita y fraude.
«Yo no cometí ningún error ni delito»
Tres días después de la debacle de la criptomoneda y envuelto en una creciente controversia, el presidente Milei declaró en una entrevista televisiva: «Yo no cometí ningún error ni delito. La Justicia va a definir esto». Además, el mandatario argumentó que se trata de «un problema entre privados». Sin embargo, la justicia busca determinar si existió una «mega estafa» orquestada a través de una maniobra conocida como «Rug pull», donde los desarrolladores inflan artificialmente el valor de una criptomoneda para luego retirarse abruptamente con el dinero de los inversores.
La Oficina Anticorrupción inicia su propia investigación
Paralelamente a la investigación judicial, la Oficina Anticorrupción (OA), bajo la dirección de Alejandro Melik, inició un sumario administrativo por orden del Poder Ejecutivo. El objetivo es determinar si las acciones del presidente violan la Ley de Ética Pública. La OA busca reconstruir la secuencia de eventos que llevaron a la publicación de Milei en redes sociales, así como los encuentros entre los creadores de la criptomoneda, el jefe de Estado y otros funcionarios. Se analizará si estas acciones se encuadran dentro de la normativa vigente o si forman parte de una «posible maniobra ilícita». En este último caso, la información será remitida a la justicia.
