García-Mansilla ¿el próximo en abandonar el barco?
El Gobierno nacional se encuentra en medio de una tormenta política tras el rechazo del Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema contra la decisión del juez Alejo Ramos Padilla, quien ordenó a García-Mansilla abstenerse de actuar como miembro del Tribunal durante tres meses.
Dicha medida judicial fue tomada luego de que el Senado rechazara, por amplia mayoría, el pliego del magistrado, designado en comisión por el Poder Ejecutivo. García-Mansilla había jurado en el cargo a fines de febrero ante el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El caso de Lijo, en cambio, ni siquiera llegó a jurar al negarse a tomar licencia como juez federal, requisito exigido por la Corte Suprema. Su pliego también fue rechazado por el Senado.
El Gobierno suelta la mano
«Si renuncia es una decisión personal de él. Lo que siempre vamos a defender es la constitucionalidad de la designación en comisión», afirmaron desde el Gobierno en relación al per saltum presentado por García-Mansilla. Esta declaración deja entrever un distanciamiento del Ejecutivo con el magistrado, que se ha quedado sin apoyo político en el Congreso. Fuentes cercanas a la Corte Suprema dan como un hecho la renuncia de García-Mansilla, aunque aún se discute la forma en que se producirá.
Si la Corte admite el per saltum, la decisión de Ramos Padilla quedaría sin efecto, permitiendo que la salida del jurista se enmarque en una «decisión personal». El accionar de García-Mansilla en torno a su nombramiento en la Corte ha estado plagado de controversias. Inicialmente, había prometido no asumir si era designado por decreto, pero finalmente juró en el cargo ante la falta de apoyo en el Congreso. Posteriormente, votó en contra de la jura de Lijo sin la renuncia previa a su cargo como juez federal, y ante el rechazo de su pliego por el Senado, ha dado señales contradictorias sobre su renuncia.
Un error no forzado del oficialismo
En el Gobierno buscan minimizar el impacto político de este revés, originado en un error de cálculo. Según trascendió, Santiago Caputo y Ricardo Lorenzetti habrían convencido al presidente de que el pliego de Lijo sería aprobado sin problemas en el Senado, y que la designación de García-Mansilla aseguraría una mayoría afín al Ejecutivo en la Corte Suprema. La realidad demostró lo contrario, dejando al Gobierno en una posición incómoda y con un costo político significativo.
