Cristina Kirchner insiste en finalizar demanda multimillonaria por obras viales
Tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner redobló la apuesta en el fuero Civil y Comercial. Solicitó, por segunda vez, la caducidad de una demanda en su contra por 22.300 millones de pesos. El reclamo, originado durante la presidencia de Mauricio Macri y continuado por la administración de Javier Milei, se centra en obras viales adjudicadas a Lázaro Báez que, pese a haber sido pagadas, quedaron inconclusas.
La defensa de la exmandataria, liderada por Luis Goldin, argumentó la «falta de interés» de la Dirección Nacional de Vialidad en impulsar el proceso. Señalan que el expediente permanece sin avances significativos desde octubre de 2023, superando los plazos procesales establecidos. Incluso, desestiman la incorporación de la reciente confirmación de la condena en Vialidad al expediente como un factor que suspenda dichos plazos. «Es insalvable la inacción de la DNV y su abandono del proceso», sentenció Goldin.
El fantasma de la inacción pasada y la postura del juez
La defensa de Kirchner recuerda que durante la gestión de Alberto Fernández, con Carlos Zannini al frente de la Procuración del Tesoro, tampoco se avanzó en el reclamo. Este antecedente alimenta la controversia sobre la legitimidad del actual pedido de caducidad.
Sin embargo, el juez Marcelo Bruno Dos Santos ya se había pronunciado en contra de un pedido similar, argumentando que los cálculos presentados por la defensa para demostrar la inacción del expediente eran incorrectos. Para el magistrado, la caducidad implica la ausencia total de actos que impulsen el procedimiento, situación que, según su criterio, no se verifica en este caso. La finalidad de la caducidad, explicó Dos Santos, es «evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales» y no beneficiar a litigantes ocasionales.
El cálculo del perjuicio y la determinación del gobierno de Milei
El monto inicial de la demanda, al inicio del juicio penal, era de 46.000 millones de pesos, correspondientes a 51 licitaciones adjudicadas a Báez. No obstante, el Tribunal que condenó a Cristina Kirchner estimó el perjuicio para el Estado en 85.000 millones, considerando la «extraordinaria maniobra fraudulenta» y los sobreprecios detectados en las obras. Pericias oficiales estimaron sobreprecios de entre 170 y 220 millones de dólares en solo cinco de las rutas analizadas.
Fuentes del gobierno de Javier Milei confirmaron a Clarín la intención de continuar con el proceso. «Es un reclamo del Estado que se continuará», aseguraron. Además, no descartan solicitar una actualización del monto demandado, actualmente en 22.300 millones de pesos, si la Corte Suprema confirma la condena a Cristina Kirchner.
