¿Se acuerdan de las rutas que nunca terminaron en Santa Cruz? Bueno, parece que alguien va a tener que dar explicaciones… y no, no es el asfalto. Cristina Kirchner condenada. Lázaro Báez, el amigo «empresario», también en la mira. 85.000 millones de pesos… ¿alguien dijo asado para todos?
La justicia dijo: «Culpable». Casación confirmó. ¿Y ahora qué? La Corte Suprema tiene la última palabra. Mientras tanto, la inhabilitación perpetua suena como… ¿jubilación anticipada? Igual, con 85.000 millones, la jubilación seguro es más amena.
¿Y Santa Cruz? Sigue esperando las rutas. Dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones… y con mucho, mucho dinero.
Cristina Kirchner busca evitar la prisión en la causa Vialidad
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar revertir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación, en la causa Vialidad.
El entramado de la obra pública vial en Santa Cruz
El juicio oral determinó que se produjo un daño al Estado por 85.000 millones de pesos a través de la adjudicación irregular de 51 contratos viales a Lázaro Báez, socio comercial de la familia Kirchner. La investigación judicial reveló que Báez, a través de su empresa Grupo Austral, se quedó con el 86% de las obras viales licitadas en Santa Cruz durante el kirchnerismo. Se comprobó que la mitad de estas obras quedaron inconclusas, a pesar de haberse cobrado la totalidad de los montos estipulados. La Cámara de Casación ratificó la hipótesis de la instrucción, que señalaba la existencia de direccionamiento en los procesos licitatorios, simulación de concursos y sobreprecios en beneficio del empresario.
Condenas que alcanzan a exfuncionarios
La condena no solo recayó sobre la expresidenta, sino también sobre otros exfuncionarios involucrados en la gestión de la obra pública vial. Entre ellos, Nelson Periotti, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, José Santibáñez y José López, exsecretario de Obras Públicas, fueron condenados por «convalidar irregularidades» en las licitaciones y la ejecución de las obras. La justicia determinó que estos funcionarios «operaron» para favorecer a Báez en detrimento del interés público.