### La defensa de la ex vicepresidenta rechaza el cambio de domicilio solicitado por la fiscalía
La defensa de la ex vicepresidenta Cristina Kirchner ha respondido con firmeza al planteo del fiscal general, Mario Villar, quien avaló que la ex mandataria continúe bajo arresto domiciliario pero propuso modificar el lugar de cumplimiento. La postura del fiscal se basa en consideraciones de seguridad y en la alegación de que la cotidianidad del barrio se ha visto alterada. Sin embargo, la defensa, a cargo del abogado Carlos Beraldi, presentó un escrito ante la Cámara de Casación calificando el planteo de Villar como «carente de fundamento» e insistiendo en que la ex presidenta permanezca en su residencia de San José 1111.
La controversia escaló luego de que el fiscal Villar se desmarcara de su par de la instancia anterior, Diego Luciani, quien había solicitado el traslado de Cristina Kirchner a una cárcel común para cumplir la condena de seis años por administración fraudulenta en el caso Vialidad. Si bien Villar no compartió la premisa de la cárcel, sí argumentó ante los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña que San José 1111 no era un lugar adecuado para cumplir la prisión domiciliaria.
### Argumentos cruzados: seguridad, paz pública y contradicciones
Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal general, se destacó que la «permanencia de la condenada en el domicilio indicado ha significado una alteración de la paz pública y los derechos de los vecinos y supone, a su vez, una exposición a riesgos para su persona, por lo que es lógico disponer el cumplimiento de la condena en un domicilio distinto que limite o elimine tales perjuicios”. Asimismo, Villar subrayó que el riesgo para la seguridad de la ex vicepresidenta es «claramente actual y presente en su residencia actual, en especial en sus salidas al balcón”.
La respuesta de Beraldi no se hizo esperar. En su escrito, el abogado de Kirchner señaló una presunta contradicción en el planteo fiscal. Si Villar sostiene que la decisión de la prisión domiciliaria es «ajustada a derecho» porque la ex vicepresidenta ha «dado cumplimiento a todas las reglas de conducta impuestas», no puede al mismo tiempo “sostener que el domicilio en el cual viene cumpliendo pena resulta inapropiado para satisfacer los objetivos de la ejecución penal (en virtud de supuestas alteraciones a la convivencia pacífica del vecindario)».
La defensa enfatiza que la problemática de seguridad en el barrio de Constitución, si existiera, debe ser resuelta por los organismos ejecutivos competentes y no debe derivar en «consecuencias adversas» para Cristina Kirchner. Además, Beraldi sostuvo que no se ha acreditado que el cumplimiento de la pena en San José 1111 sea el resultado de una errónea interpretación de la ley o una violación de las formas esenciales del proceso.
### El futuro en manos de la Cámara de Casación
El fiscal Villar había detallado en su planteo que la calle es jurisdicción de las Fuerzas de Seguridad, no del Tribunal, y presentó informes del Gobierno de la Ciudad que exponen dificultades en el barrio desde el 17 de junio, cuando se ordenó la detención de la ex mandataria en dicha dirección. Villar fue explícito al afirmar que «no corresponde que los vecinos de la condenada y todas las personas que transitan el lugar deban acostumbrarse a vivir entre disturbios y situaciones anómalas», haciendo referencia a las recurrentes manifestaciones de militantes.
Uno de los puntos centrales del argumento fiscal giró en torno a la seguridad de la ex presidenta, recordando que “el riesgo para su persona, el cual la defensa esgrimió para que no fuera alojada en una prisión federal, es claramente actual y presente en su residencia actual, en especial en sus salidas al balcón, debe recordarse que el atentado que sufrió fue en una situación de tumulto de sus seguidores». Por estos motivos, Villar estimó que la prisión domiciliaria debía cumplirse en otra propiedad.
Ahora, será la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, la que tendrá la última palabra y deberá resolver si se ordena o no un cambio de domicilio para la ex vicepresidenta.
