El miércoles de la semana pasada, apenas dos días después de oficializar su intención de competir por un escaño en la cámara de diputados bonaerense, la expresidenta Cristina Kirchner impartió una directiva inusual: solicitó a un colaborador cercano que disponga la apertura de su residencia privada en la calle Mascariello 441, ubicada en el Barrio Jardín de Río Gallegos. El inmueble, actualmente desocupado, fue puesto a disposición de Matías Bezi, antiguo amigo de Máximo Kirchner y actual apoderado de los intereses comerciales de la familia en la provincia de Santa Cruz. La instrucción no se limitó a un simple aireado de los 892 m2 del chalet; incluyó también la contratación de personal para llevar a cabo diversas reparaciones.
Fuentes cercanas a la exmandataria sugieren que esta puesta a punto del inmueble, concretada de manera sorpresiva, no obedece a cuestiones de mantenimiento ordinario, sino que estaría relacionada con una previsión de índole judicial. Específicamente, Kirchner mantendría la convicción de que la ratificación de su condena en la causa conocida como «Vialidad» por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta inminente.
De concretarse dicha ratificación, la expresidenta debería cumplir una pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este tipo penal acarrea, además, la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos. La señora Kirchner estimaría que esta resolución adversa se produciría en los próximos días. De materializarse, perdería la posibilidad de postularse como candidata a legisladora en las próximas elecciones y, consecuentemente, se quedaría sin los fueros que la investirían su nuevo cargo.
Según información a la que tuvo acceso este medio, el equipo legal de la ex vicepresidenta ya estaría trabajando en la elaboración de un pedido de prisión domiciliaria. Surge entonces la interrogante sobre el eventual lugar de detención: ¿Sería efectivamente su chalet de Río Gallegos? Si bien la residencia se encuentra a una distancia considerable de las localidades de la tercera sección electoral bonaerense por las que Kirchner manifestó su intención de postularse, la casa de Mascariello sigue constituyendo su domicilio legal. Sin embargo, allegados a su entorno dejaron trascender que referentes de su círculo íntimo están explorando la factibilidad de hallar otra propiedad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano bonaerense, con el objeto de establecer allí el eventual lugar de cumplimiento de una pena bajo arresto domiciliario.
Este posible inmueble, según el esquema pergeñado por el sector de Kirchner, funcionaría a modo de «Puerta de Hierro» vernácula, emulando salvando las distancias el modelo de recepción que Juan Perón utilizaba en su residencia madrileña para recibir a militantes que luego transmitían sus lineamientos en el país. La analogía, aunque semánticamente discutible – Perón se encontraba en el exilio, mientras que Kirchner cumpliría una pena por un delito de corrupción – ilustra la proyección estratégica de su entorno.
Observadores de la expresidenta la describen, pidiendo estricto anonimato, como una figura que ha sorprendido por su enfoque pragmático y una notable fortaleza personal ante el escenario que parece avecinarse, incluso admitiendo la posibilidad concreta de la cárcel. Un arresto domiciliario, si bien representa una morigeración respecto a las condiciones de una penitenciaría convencional, constituye de todos modos una forma de privación de la libertad.
“Es muy posible, es seguro que vaya presa», habría manifestado Kirchner en una reunión a mediados de la semana pasada, ante una decena de testigos. El encuentro tuvo lugar en la residencia del senador nacional Mariano Recalde, situada en el sur de la Capital Federal, y congregó a dirigentes de su máxima confianza.
En la misma reunión, Máximo Kirchner habría expresado comentarios de marcado enojo. De igual modo, la intendenta de Quilmes y referente de La Cámpora, Mayra Mendoza, otra figura identificada con el kirchnerismo más duro, pareciera mostrarse más orientada por la reacción emocional que por la templanza ante un panorama adverso.
A pesar de las evidentes previsiones, desde el entorno de los Kirchner se simula sorpresa ante las noticias provenientes del ámbito judicial.
Como se mencionó, la expresidenta habría tomado conocimiento de lo que podría ocurrir a finales de junio. No obstante, la búsqueda de un inmueble para un posible arresto domiciliario estaría en marcha desde el 2 de abril, según fuentes peronistas. En aquel momento, la iniciativa respondía a una previsión. Los acontecimientos se precipitaron, al igual que las acciones de la exmandataria.
El lunes de la semana pasada, Kirchner brindó una entrevista a un canal televisivo en la que anunció su postulación a un cargo legislativo provincial por la tercera sección electoral de Buenos Aires. Esta oficialización deslumbró un rumor que circulaba desde hace meses, pero pareció también motivada por un sentido de urgencia. Todo formaría parte de un esquema estratégico. Al oficializar su candidatura, la expresidenta se posicionaría para denunciar que la Corte Suprema buscaría proscribirla en caso de confirmar la sentencia en su contra.
El escenario montado por el sector kirchnerista ha sido diseñado con este objetivo en mente. Resulta inusual que Cristina Kirchner anticipe una decisión electoral de tal magnitud y, además, para un cargo comparativamente menor. En su aparición televisiva, ella misma se encargó de establecer las bases de la narrativa que, de ahora en más, será sostenida por quienes la defienden en el ámbito del peronismo: «Me quieren muerta o presa», alertó, utilizando un tono dramático.
De esta manera, amalgamó el frustrado intento de magnicidio en su contra con una causa judicial por corrupción en la que, cabe recordar, optó por no ejercer su derecho de defensa en los estrados judiciales. La historia, al menos hasta ahora, no la ha absuelto, en contraste con sus expresiones al finalizar su exposición en el juicio oral y público, donde desaprovechó la oportunidad de responder preguntas de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La Corte Suprema de Justicia sumó credibilidad a los temores manifestados por el kirchnerismo cuando, un día después de la referida entrevista televisiva, sus integrantes rechazaron la solicitud de recusación presentada por la defensa de la expresidenta contra el magistrado Ricardo Lorenzetti. Este último había expresado en una entrevista que el expediente de Vialidad debía ser tratado con premura por el tribunal.
Reacciones y Estrategias
El rechazo a la recusación de Lorenzetti representó el primer indicio para Cristina Kirchner de lo que podría sucederle.
Hacia el fin de semana, el dirigente Juan Grabois fue uno de los primeros en alertar públicamente sobre el riesgo de detención de Kirchner, instando a la militancia a mantenerse en estado de alerta y convocar a la resistencia.
Incluso el propio Máximo Kirchner abordó la cuestión. Lo hizo durante una conversación con un periodista.
En esa instancia, responsabilizó directamente a Héctor Magnetto, CEO de Clarín, por la condena de cárcel que podría ser ratificada por la Corte Suprema.
Siguiendo la línea discursiva del kirchnerismo, la posible condena final por delitos de gravedad institucional – según establece la Constitución – no sería consecuencia de un enriquecimiento ilícito efectivo a expensas del Estado, sino más bien la cristalización de un presunto complot. Este complot estaría compuesto, entre otros actores, por Mauricio Macri, las corporaciones empresarias, el fiscal Luciani, las autoridades del Grupo Clarín, y una parte significativa del Poder Judicial que habría actuado de manera coordinada con el propósito exclusivo de perjudicar a la expresidenta a lo largo de un extenso expediente.
Tras el histórico alegato del fiscal Luciani en el juicio de Vialidad, la entonces vicepresidenta en ejercicio llegó a acusar al fiscal de ser el responsable indirecto del fallido atentado en su contra.
Kirchner visitó recientemente la provincia de Corrientes para brindar su apoyo al candidato kirchnerista a la gobernación, continuando con el plan iniciado con el anuncio de su postulación como legisladora bonaerense.
La presentación de su candidatura y la realización de un acto público conforman, en conjunto, la escenografía inicial para la estrategia de denunciar una supuesta proscripción.
Tensiones y Perspectivas
Mientras tanto, los militantes de La Cámpora continuarán con las convocatorias a resistir una eventual detención de la líder.
En esa misma línea interpretativa debe leerse el encuentro que la expresidenta mantuvo con el gobernador Axel Kicillof, con quien había mantenido diferencias durante varios meses.
La reunión fue acelerada con el propósito de intentar acordar una tregua con el gobernador si la Corte emite un fallo adverso.
El encuentro, según lo anticipó este medio, fue sumamente ríspido.
Cristina Kirchner aspira a garantizarse una cuota de poder en el justicialismo bonaerense, aun en el hipotético escenario de ir a prisión.
Según pudo saber Clarín, en medio de los intercambios con el gobernador, la expresidenta lo habría interpelado: «Acá estamos, Axel, contame qué es lo que tenés pensado hacer de acá en más». Kicillof habría eludido la pregunta inicial, respondiendo: «Tengo que consultarlo». Kirchner habría insistido: «Pero estamos vos y yo solos acá, contame cuál es tu objetivo y cómo tenés pensado llevarlo adelante». Finalmente, los interlocutores habrían arribado a acuerdos sobre aspectos formales.
Además, le habría adelantado al gobernador lo que considera inevitable: «Lo que llega desde la Corte es muy negativo. Me van detener».
Más allá de las tensiones internas, Kicillof siempre ha manifestado su defensa a Kirchner en relación con la causa «Vialidad».
De aquí en más, desde el kirchnerismo se reiterará que el juicio constituyó un montaje, que no existen pruebas fehacientes en contra de Kirchner, y que todo fue orquestado con el objeto de perjudicarla.
La realidad fáctica presenta elementos diferentes. Existe documentación que evidenciaría cómo la expresidenta firmó decretos que permitieron a Lázaro Báez recibir sumas multimillonarias en contratos de obra pública sin la debida asignación presupuestaria votada por el Congreso. Del mismo modo, se habrían digitado beneficios exclusivos para Báez que no obtuvieron otros empresarios del sector. Incluso, se señala la presunta intermediación del propio Máximo Kirchner para facilitar la obtención de licitaciones de Báez para la construcción de rutas en Santa Cruz, muchas de las cuales habrían sido ejecutadas de manera deficiente, no construidas o pagadas en varias ocasiones sin que se cumplieran los avances estipulados por la normativa.
La familia Kirchner, tanto Cristina como Máximo, suelen emitir opiniones sobre diversas causas judiciales, como el caso Loan, y acusan a opositores de interferir en expedientes que han avanzado a pesar de los recursos jurídicos y acciones políticas que ellos mismos han presentado. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente, hasta el momento, en defensa de otro individuo condenado por la Corte por lavado de dinero y quien también podría ser condenado en la causa Vialidad si el tribunal falla en la dirección que teme el peronismo kirchnerista.
Se trata de Lázaro Antonio Báez, socio comercial de los Kirchner, quien amasó una fortuna en tiempo récord y fue el principal operador económico de los negocios de la familia de su amigo Néstor. Báez se encuentra privado de su libertad desde hace varios años. Respecto a él, por parte de los Kirchner, imperó y continuará imperando el silencio.
Los Kirchner, según la propia narrativa impulsada por ellos, son las únicas víctimas de los múltiples complots denunciados.
