Cruce de acusaciones por la inseguridad en la Provincia
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió con contundencia a las críticas del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había calificado la situación de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires como «desbordada». Alonso ironizó sobre las fugas de presos en la Ciudad, contrastándolas con la gestión durante la pandemia en la provincia: «Todos los días se le escapa un preso […] ¿Sabe cuántos presos tuvimos en los calabozos de las comisarias en la pandemia? 6500 y no se nos escapó ninguno».
Dardos cruzados y cifras dispares
El cruce se intensificó cuando Alonso cuestionó la inversión en infraestructura carcelaria por parte del gobierno porteño: «¿Cuántas plazas carcelarias construyó Macri? […] Kicillof construyó 7.500». Además, remarcó el recorte presupuestario sufrido por la provincia: «El año pasado nos sacaron 750 mil millones de pesos […] Se suspendieron un montón de programas para seguir invirtiendo en seguridad».
Alonso también rechazó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien había hablado de un «baño de sangre» en la provincia, utilizando las propias palabras de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, para contradecirlo: «La ministra Bullrich […] dijo que Argentina era el país con menos homicidios de América del Sur. Eso es imposible si la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre».
Responsabilidad del gobierno nacional en el narcotráfico
Finalmente, el ministro de Seguridad bonaerense apuntó al gobierno nacional como responsable del problema del narcotráfico: «El mayor problema de la provincia de Buenos Aires es la droga. En la Provincia no se produce droga. La droga entra por la frontera […] El Gobierno nacional es el responsable de controlar el narcotráfico». Alonso enfatizó la imposibilidad de controlar las fronteras provinciales y la necesidad de una mayor acción por parte de las autoridades nacionales para evitar el ingreso de drogas al territorio bonaerense. También se refirió a la liberación de presos, aclarando que es una decisión judicial y no del gobierno provincial, y a la necesidad de debatir el régimen penal juvenil.
