Gremios aeronáuticos denuncian a la Argentina ante la OIT por “violación de principios sindicales”
Cinco gremios que representan al personal aeronáutico presentaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando al Gobierno nacional de «violar principios fundamentales» de la libertad sindical y de «restringir ilegítimamente» el derecho a huelga. La presentación se dio a conocer este lunes, en un marco de creciente tensión y un día antes de un paro de pilotos que afectó a miles de pasajeros de Aerolíneas Argentinas.
La medida de fuerza, impulsada por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) liderada por el sindicalista Pablo Biró, generó la suspensión o reprogramación de 50 vuelos, impactando a aproximadamente 6 mil personas. Aerolíneas Argentinas, por su parte, calificó la protesta como carente de «fundamentos laborales», atribuyéndola a «intereses políticos» de la dirigencia gremial y no a los de sus representados, especialmente considerando que se produce a menos de 20 días de haber alcanzado un acuerdo paritario. La empresa estatal remarcó que durante las negociaciones no se presentaron reclamos de urgencia que justificaran una medida de tal magnitud.
El documento elevado ante la OIT cuenta con la firma de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Aeronavegantes y la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA). En él, se cuestionan específicamente los decretos 70/2023, 825/2024 y 831/2024, a los que describen como impulsores de un «modelo regresivo en derechos laborales» y un intento de «desmantelar garantías constitucionales».
Denuncia por ‘servicio esencial’ y otras medidas
La presentación fue dirigida a Corinne Vargha, directora del Comité de Libertad Sindical de la OIT, y se centra en el presunto “avasallamiento de los derechos colectivos” por parte de la gestión gubernamental, destacando la declaración «arbitraria» de la actividad aeronáutica como «servicio esencial». «No estamos solo defendiendo derechos laborales: estamos enfrentando un intento deliberado de eliminar el derecho a huelga en un sector estratégico para el país», afirmó Juan Pablo Brey, Secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
Los gremios sostienen que la declaración de esencialidad se realizó «sin fundamento técnico ni consulta sindical», con el objetivo de restringir «ilegítimamente» el ejercicio del derecho de huelga. El gobierno, en contraposición, argumenta que los métodos de protesta «extorsivos» de ciertos sindicatos ligados al kirchnerismo requieren límites, contrastando su accionar actual con la pasividad observada durante gestiones anteriores.
Además de la esencialidad, las organizaciones sindicales denuncian que el Gobierno «intervino y reglamentó las asambleas sindicales, cercenando su libre desarrollo» y promovió la «criminalización de la protesta gremial» mediante denuncias penales contra dirigentes. Estas acusaciones se dan en el contexto de asambleas que, según la interpretación oficial, encubrían medidas de fuerza sorpresivas que paralizaban el servicio.
El documento presentado ante la OIT también contextualiza estas medidas en un escenario de «despidos masivos, presión para aceptar retiros voluntarios” y un “fuerte deterioro del poder adquisitivo del salario». No obstante, la denuncia omite mencionar lo relativo a la sobredimensión de la planta de la empresa estatal y su histórico déficit, que Aerolíneas Argentinas reportó haber revertido recientemente.
Finalmente, los sindicatos hicieron hincapié en la supuesta «inconstitucionalidad” de las reformas, al haber utilizado decretos para modificar leyes que contienen derechos reconocidos internacionalmente. Señalan que varias acciones de amparo presentadas en la justicia argentina han obtenido fallos favorables, declarando la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de estas normas en materia laboral. La denuncia ante la OIT concluye solicitando al organismo que «reconozca la gravedad de las violaciones denunciadas y actúe con urgencia para proteger los derechos esenciales de las y los trabajadores del sector aeronáutico».
