El fiscal Carlos Stornelli presentó una denuncia ante la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano contra el diputado nacional Eduardo Valdés. La acusación se centra en supuestos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La denuncia de Stornelli encuentra sustento en las declaraciones públicas del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Éste último se refirió a las presuntas maniobras detrás de un proyecto de ley impulsado por legisladores referenciados en el kirchnerismo, cuyo objetivo es declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad en todo el país.
Según Spagnuolo, el diputado Valdés, uno de los principales promotores de la iniciativa, incurre en un “conflicto de intereses” dado su rol como legislador y, simultáneamente, su condición de “miembro de una fundación que recibe subsidios”.
Valdés, quien ejerce la vicepresidencia segunda de la comisión bicameral de Discapacidad, figura como integrante del directorio de la fundación Infancia, una de las entidades prestadoras de servicios y que, actualmente, es dirigida por su familia. Asimismo, es conocida su cercanía con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En su presentación, el fiscal Stornelli consideró que los hechos denunciados podrían encuadrar prime facie en los delitos previstos y reprimidos en los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal de la Nación.
### Pedido de medidas de prueba
Como parte de su impulso a la investigación, Stornelli solicitó una serie de medidas probatorias. Entre ellas, pidió a la Agencia Nacional de Discapacidad que se recopile toda la normativa vigente en materia de discapacidad y que se incorpore al expediente el texto completo del proyecto de ley en cuestión.
Además, requirió la citación a declaración testimonial del Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. El fiscal pidió que, al mismo tiempo, el funcionario “deberá aportar todas aquellas actuaciones, constancias y documentación que posean respecto al proyecto de ley que pretende declarar la emergencia nacional en materia de discapacidad en todo el país”. Stornelli también solicitó que “se obtenga una copia del legajo correspondiente a la ‘Fundación Infancia’”, que contenga información sobre su composición, el objeto de la persona jurídica y un organigrama con sus autoridades y funciones.
### El fundamento de la denuncia: declaraciones del titular de ANDIS
Stornelli citó las declaraciones brindadas por Spagnuolo a radio El Observador. Según el funcionario, de sancionarse el proyecto de ley, los prestadores de servicios “podrían recibir incrementos significativos en sus ingresos debido a las modificaciones que el proyecto introduce al sistema de pensiones y prestaciones, entre ellos la familia de Valdés”.
Spagnuolo también enfatizó que la iniciativa tendría “implicaciones económicas y sociales muy serias”, ya que, de aprobarse, implicaría un “aumento masivo en el número de pensiones, sin un plan claro sobre cómo se financiaría este incremento, lo que afectaría las políticas económicas del país”.
En esas mismas declaraciones, Spagnuolo manifestó su extrañeza por el período que abarca el estado de emergencia propuesto: “Desde el año pasado y hasta el 31 de diciembre del año 2027, es decir, lo que sería el primer mandato del presidente Javier Milei” y no el de la gestión anterior encabezada por Alberto Fernández.
El titular de la Andis consideró que, de aprobarse la ley y verse obligado el gobierno a afrontar una supuesta deuda con los prestadores, representaría un “bombazo directo a la política económica, o sea, ataca la principal política económica que es el déficit cero”. Afirmó categóricamente que el proyecto “es una ley hecha a medida de los prestadores, más que de las personas con discapacidad”.
Spagnuolo describió el proyecto como una iniciativa que “establece gastos altísimos, pero no dice cómo se van a financiar. Es esto es una práctica muy común. Los legisladores kirchneristas pretendiendo atender una causa noble, como en su momento fue el financiamiento de las universidades o el aumento para los jubilados, esconden un ataque directo a una política del gobierno que hasta el momento demostró ser muy exitosa”.
Ante la pregunta sobre si Valdés está “de los dos lados del mostrador”, Spagnuolo respondió con contundencia: “Sí, claramente. Esta ley establece un incremento muy significativo para los prestadores. Yo no sé cuál es la situación conyugal de Valdés. Pero lo cierto es que Valdés figura como miembro del directorio”. Añadió que, de sancionarse y aplicarse la ley, “la familia de Valdés va a recibir un incremento importantísimo en sus ingresos. Así que yo te diría que sí, que está de los dos lados del mostrador”.
Por su parte, Susana Re, referenciada en la fundación, negó otorgar pensiones desde su entidad y afirmó que Valdés ya no integra el directorio del Instituto Infancias. Con respecto a las acusaciones, Re consideró “injurioso” haber sido presentada como una “gerente de la pobreza” en un programa de televisión.
Más adelante, Spagnuolo subrayó otro aspecto llamativo: el hecho de que quien preside la Comisión de Discapacidad de Diputados es Daniel Arroyo. “Cuando Daniel Arroyo era gobierno, no hizo absolutamente nada de todo esto que pretende hacer, absolutamente nada de todo esto que pretende hacer”, enfatizó el funcionario.
