Diputados: ¿Fin de las «chicanas»? Menem impulsa reforma del reglamento.

Redacción Cuyo News
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El Semitón

## ¿Se acabó el recreo? Diputados buscan domar las «cuestiones de privilegio»

Tras varios escándalos dignos de un reality show, la Cámara de Diputados se dispone a revisar su propio reglamento interno. La diputada Silvia Lospennato (PRO), al frente de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, convocó a una reunión para debatir posibles modificaciones. El principal blanco: las «cuestiones de privilegio», que se han convertido en una herramienta para dilatar las sesiones y exacerbar la grieta política.

### Cambiar el orden de los factores… ¿alterará el producto legislativo?

La idea central que sobrevuela varios de los proyectos presentados es reubicar las cuestiones de privilegio al final de la sesión, una vez que se hayan votado las leyes. Actualmente, estas intervenciones se realizan al inicio, lo que en la práctica funciona como una antesala –a veces interminable– de acusaciones cruzadas y discursos grandilocuentes que poco tienen que ver con el temario del día.

«Se busca evitar el uso y abuso de las cuestiones de privilegio para plantear cuestiones políticas o personales,» argumenta Lospennato, quien propone un sistema de «consideraciones políticas» con tiempos proporcionales a la cantidad de integrantes de cada bloque. La Libertad Avanza, por su parte, aboga por una mecánica «productiva, ágil y funcional» que relegue las cuestiones de privilegio al último lugar.

### ¿»Cuestiones de privilegio» o «cuestión de garantías»? El debate por la terminología (y la sustancia)

El diputado del PRO Martín Marquieyra redobla la apuesta y propone directamente reemplazar las «cuestiones de privilegio» por «cuestión de garantías», con requisitos más estrictos para su planteamiento. La iniciativa busca acotar los desvíos retóricos y asegurar que se utilicen para denunciar genuinas violaciones de los fueros parlamentarios.

En la reunión también se abordará un proyecto de la Coalición Cívica que obliga a los diputados a declarar públicamente cualquier interés privado relacionado con los proyectos a tratar, con el fin de prevenir conflictos de intereses. El debate recién comienza, pero la intención de poner orden en el caos legislativo –al menos en lo formal– parece clara.

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