El vocero presidencial Manuel Adorni sorprendió este lunes al anunciar la disolución de tres organismos clave en la infraestructura y seguridad vial del país: Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La decisión, presentada con la vehemencia habitual del portavoz, busca, según sus palabras, erradicar la corrupción en la obra pública, un flagelo que históricamente ha sido epicentro de controversias y litigios.
Un giro en la fiscalización del transporte
«La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada», enfatizó Adorni desde la Casa Rosada, sin dejar de lado una velada referencia a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner en causas vinculadas a licitaciones irregulares de obras viales. Este epíteto se erige como la bandera de una gestión que promete transparencia y eficiencia.
La reconfiguración impactará directamente en la fiscalización de las concesiones viales. La actual Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mutará su denominación a «Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte», consolidándose como la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos relacionados con la supervisión de la infraestructura vial. Esta centralización, argumentan desde el gobierno, permitirá una mayor rigurosidad y un control más férreo sobre los contratos y el mantenimiento de las arterias nacionales.
Tiempos de definición y grandes proyectos
El anuncio no es fortuito y se produce en un momento crucial para la administración de Javier Milei. La cuenta regresiva para las facultades delegadas, otorgadas por el Congreso Nacional en el marco de la Ley Bases, marca el miércoles 9 de julio como fecha límite para la aplicación de determinadas medidas. La disolución de estos organismos, por tanto, se encuadra dentro de estas prerrogativas, aprovechando los últimos días de un mandato legislativo específico.
Complementando esta reestructuración, Adorni informó sobre la inminente apertura de la licitación para la rehabilitación de 9120 kilómetros de rutas. Estas arterias, según el vocero, se encuentran en un estado de deterioro sin precedentes, “tras décadas de despilfarro y corrupción”. La intervención en esta vasta extensión de la red vial nacional representa no solo un desafío logístico y financiero, sino también una promesa de mejora sustancial en la conectividad y seguridad para los usuarios.
«La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada», reiteró Adorni, buscando sellar el mensaje con la contundencia de una declaración histórica y un compromiso ineludible con la transparencia. Los próximos meses serán clave para observar la efectividad de estas medidas y si la nueva estructura logra, en efecto, desterrar las prácticas que, según el gobierno, han manchado la obra pública argentina.
