Un hallazgo que sacude la historia local y trasciende fronteras. Las 12 cajas repletas de documentos nazis, descubiertas en el archivo de la Corte Suprema, tienen su propio culebrón. Un fallo judicial de hace más de ochenta años, fechado el 16 de septiembre de 1941, parecería zanjar el misterio de su origen: venían a bordo del “Nan-A-Marú”, un vapor nipón, y no de una incursión a una central gremial nazi en Argentina, la otra versión que circulaba con fuerza.
La primicia, publicada inicialmente por Clarín y replicada por medios de peso como el New York Times y El País de España, desató una saludable polémica entre historiadores. ¿Cómo diablos terminaron estos documentos, que incluyen carnets de afiliación al partido nazi y a la Unión Alemana de Gremios (UAG), acumulando polvo durante 84 años en el mismísimo palacio de Justicia?
La clave la aporta un fallo del entonces juez Miguel Luciano Jantus, el mismo que investigó el affaire del Graf Spee. En su nota al presidente de la Comisión Especial Investigadora de las Actividades Anti-argentinas, el diputado radical Raúl Damonte Taborda, Jantus alude al “pedido de secuestro de unos bultos llegados en el vapor de bandera japonesa Nam-A-Marú”. Y agrega un detalle crucial: el asunto “afecta y concierne a la embajada de Alemania”, ya que a ellos venían consignados los efectos, según la información aduanera.
Ante el pedido de Damonte de enviar los bultos a la comisión del Congreso, el juez Jantus se lavó las manos, elegantemente, y subrayó que la decisión “corresponde originaria y exclusivamente a la Corte Suprema en virtud de la disposición contenida en al artículo 101 de la Constitución Nacional”. Y así, las “encomiendas retenidas” terminaron a “orden y disposición” del máximo tribunal, con oficios a Correos y Telégrafos y a la Aduana. Un periplo digno de un burócrata con aires de opereta.
El debate historiográfico y las cajas de champagne
Este fallo dinamita la otra hipótesis, aquella que ubicaba el origen de los 7 mil documentos en un allanamiento a la UAG. Aunque, claro, en historia, como en la vida, nada es tan simple. Las libretas rojas con la esvástica y las marrones, más sencillas, son fichas de afiliación a la UAG y al partido nazi local. También hay postales con Hitler haciendo deporte o saludando infantes, pura propaganda nazi para consumo internacional.
La historiadora Marcia Ras, especializada en el Holocausto –y que solo pudo revisar una parte de los documentos de tres de las 12 cajas de madera de champagne Crillón donde estaban guardados–, es una de las que, en principio, se inclinaba por la teoría del allanamiento. Su sospecha se basaba en el informe número 5 de aquella comisión especial del Congreso. Aunque reconoce que hay un “limbo” en el origen del material incautado. Ni siquiera está claro si el buque japonés entraba o salía del puerto.
Según las investigaciones de Ras, la UAG llegó a tener “8.500 afiliados” en el país, y el partido nazi local, “2100 afiliados en 1936 y 1510 en 1941”. La historiadora señala que el fin del Estado nazi en 1945, dividido y desaparecido, complicó cualquier reclamo posterior por parte de la embajada alemana en la causa del juez Jantus. Para colmo, el expediente original del juez, que serviría de base para su fallo, se esfumó misteriosamente de los tribunales. Como si no tuviéramos suficientes expedientes perdidos en este país….
Otro factor de distorsión: el golpe de 1943 del GOU, con Perón a la cabeza y simpatías por el Eje, que alteró la Justicia. Argentina, paradójicamente, se mantuvo neutral durante casi toda la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Alemania recién unos meses antes de la caída de Berlín.
Ras desliza un dato socioeconómico sobre los afiliados de la UAG cuyos nombres saldrán a la luz una vez que la Corte digitalice todo: “en su mayoría eran técnicos y obreros”, con sueldos significativos. Descarta, por la fecha, que estos fondos hayan financiado la llegada de criminales de guerra nazis tras el conflicto. Menos mal, un problema menos de los tantos que tenemos.
El Frente Alemán del Trabajo al desnudo
El acta de la comisión investigadora del Congreso, del 30 de noviembre de 1941, posterior al fallo de Jantus, es lapidaria. Sostiene que la Federación de Círculos Alemanes de Beneficencia y Cultura y la Unión Alemana de Gremios eran “instrumentos de la penetración nacionalsocialista y creaciones del régimen nazi para burlar resoluciones” del gobierno de Roberto Ortiz.
Sobre el “Frente Alemán del Trabajo” (la UAG, para los amigos argentinos), el acta es explícita: el nombramiento del presidente lo hacía “desde Alemania Ruberg”, jefe de las “seccionales del Frente del Trabajo en el exterior”. Y lo más jugoso: “el Frente del Trabajo está bajo la fiscalización, vigilancia y control del Partido Nacionalsocialista”. La contribución de los afiliados, determinada por el “jefe general de la agrupación”.
La sede central de la UAG, en la calle Alsina 1250 de esta Capital, editaba un órgano oficial: «El Alemán en la Argentina»”. Sus autoridades, con nombres y apellidos, incluidos Erwin Schriefer, Hans Schulz, Karl Fleischer y Kurt Lange.
Las verificaciones del Banco Central confirmaban la conexión: la UAG era una “prolongación del Frente Alemán del Trabajo” de la Alemania nazi. Incluso, el 16 de agosto de 1939, tres meses después del decreto sobre organizaciones extranjeras, “fué cancelada la cuenta corriente de Die Deutsche Arbeitsfront Auslands-Organisation Landesgruppe Argentinien” (el nombre oficial de la UAG) en el Banco Germánico de la América del Sur y el dinero transferido a otro banco. Pura prolijidad para lavar dinero, se ve que la historia se repite, incluso en esto.
La comisión concluyó que esta organización propagaba “ideologías incompatibles con los principios democráticos y liberales de la Constitución nacional”, privaba a los obreros y empleadores alemanes de “los beneficios de la libertad sindical” e imponía condiciones “rígidamente excluyentes en materia de nacionalidad y religión”.
Y algo que hoy suena escalofriante: su “menosprecio a las leyes del país” llegaba al punto de prohibir a sus asociados, con largos años de residencia, que “tomen la ciudadanía argentina, castigándolos con la expulsión de la mencionada organización, lo que equivale a perder su ocupación y caer en persecuciones dirigidas desde el Reich por intermedio de sus agentes radicados entre nosotros”. Un nivel de fidelidad al Reich que daría envidia a ciertos movimientos políticos actuales.
Por todo esto, los diputados Solari, O’Reilly, Aguirre Cámara y Cossio pidieron al gobierno de Ortiz que disolviera la UGA. Un pedido que, al parecer, quedó a mitad de camino, al igual que los documentos, que terminaron en un archivo judicial por ocho décadas.
Ahora, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, dispuso digitalizar e inventariar todo el material antes de que los historiadores del Museo del Holocausto se sumerjan en él. El diputado del PRO, Gerardo Milman, ya presentó un proyecto para “reabrir” aquella comisión investigadora del nazismo en Argentina. Una jugada política con sabor a revival histórico.
Jonathan Karszenbaum, director ejecutivo del Museo del Holocausto, calcula que la digitalización demorará “dos o tres meses”. Destaca la relevancia del hallazgo y anuncia que presentará a Rosatti “un plan de investigación” y propondrá especialistas para cruzar los datos con información ya existente y arribar a conclusiones “fundadas”. Mientras tanto, la historia, esa señora caprichosa, sigue guardando secretos en los sótanos de la Justicia.
