Milei, el paladín de la libertad, recomendó una criptomoneda que resultó ser más trucha que billete de 3 pesos. El silencio oficialista que siguió fue más ensordecedor que recital de Arjona. ¿Se les habrá pinchado el globo de la batalla cultural?
Mientras tanto, en Twitter, la oposición hacía fiesta como si fuera el cumpleaños de Mirtha Legrand. El «Gordo Dan» apostó hasta las acciones de Carajo, pero después se esfumó más rápido que asado en casa ajena.
El rating de Viale explotó tras la entrevista interrumpida. ¿Será que la polémica garpa más que la paz? En la Rosada, mientras tanto, siguen con la intriga de la Corte Suprema. ¿Nombrarán jueces por decreto? ¿O será otro capítulo de la novela argentina?
El silencio atroz tras el escándalo cripto
La recomendación de Javier Milei de la criptomoneda Libra, posteriormente considerada una estafa, desató una crisis en el oficialismo. El silencio que siguió al error presidencial fue interpretado como una derrota en la «batalla cultural» que los libertarios suelen enarbolar. Las redes sociales, usualmente dominadas por el discurso oficialista, se convirtieron en un campo de batalla donde la oposición aprovechó para criticar la desorientación del gobierno.
La interrupción a Viale y el debate sobre la libertad de expresión
El intento de Milei de explicar la situación en una entrevista con Jonatan Viale terminó en un nuevo escándalo. La interrupción del reportaje por parte de Santiago Caputo generó un debate sobre la libertad de expresión y alimentó aún más la polémica. Mientras tanto, las mediciones de Rating Streaming (RS) revelaron un empate técnico en la batalla virtual entre oficialismo y oposición, un terreno donde los libertarios habitualmente gozan de una amplia ventaja.
Incertidumbre en la Corte Suprema
En paralelo al escándalo cripto, la designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia continúa generando incertidumbre. A pesar de que el oficialismo propuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla hace casi un año, sus pliegos no han sido tratados en el Senado. Versiones indican que el gobierno podría nombrarlos por decreto, una jugada que podría generar un choque de poderes y cuestionamientos legales. La situación de Lijo, en particular, presenta un dilema: su nombramiento por decreto sería cuestionable si no renuncia a su juzgado federal. La Corte Suprema, actualmente con solo tres miembros, observa con atención los acontecimientos.