La tragedia del fentanilo contaminado, que ha cobrado la vida de al menos 34 personas en diversos centros asistenciales del país, pone bajo la lupa al laboratorio responsable de su fabricación y distribución: HLB Pharma Group. La investigación revela una trama compleja de vínculos políticos y empresariales que despierta serios interrogantes sobre la gestión y supervisión de esta sensible industria.
Uno de los datos que más resuena es la coincidencia en los domicilios fiscales declarados por el laboratorio. Tanto en la calle Yerbal al 1200 como en Saráchaga al 5900, Capital Federal, las direcciones remiten a antiguas sedes de Top Air SA, la empresa de jet privados que perteneció a Lázaro Báez, socio del matrimonio Kirchner en negocios de obra pública. Esta singular similitud, aunque no constituye una prueba de ilicitud, añade un eslabón más a la cadena de conexiones que ligan a la firma farmacéutica con el entorno político de la expresidenta.
El nombre que emerge con mayor fuerza como principal accionista de HLB Pharma Group es el de Ariel García Furfaro. Abogado, con un historial que incluye cumplimento de condenas y ejercicio de la profesión desde el ámbito penitenciario, García Furfaro es un conocido militante de Kolina, la agrupación liderada por Alicia Kirchner. Su salto del comercio minorista de frutas y verduras –donde se hizo conocido por prometer “más barato que los precios del Indec K”– a la adquisición de laboratorios, incluyendo Ramallo (ex Apolo) junto a su socio Jorge Salinas (denunciado por Graciela Ocaña en el marco de la “mafia de los medicamentos”), resulta, cuando menos, llamativo.
La estrecha cercanía de García Furfaro con la expresidenta Cristina Kirchner ha quedado documentada en imágenes que los muestran juntos en el Instituto Patria. Este vínculo no fue meramente protocolar; ambos proyectaron que HLB Pharma Group fuera el laboratorio encargado de proveer a la Argentina 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik contra el Covid-19. García Furfaro, incluso, viajó a Moscú en dos oportunidades para avanzar en las gestiones, acompañado en uno de los viajes por figuras clave del entonces Ministerio de Salud, como Raquel Méndez (esposa de Daniel Gollán), Carla Vizotti y Cecilia Nicolini, además de Mariana de Dios, asistente de la expresidenta.
La intervención directa de García Furfaro en las negociaciones por la compra de vacunas generó tensiones. El entonces ministro de Salud, Ginés González García, al tanto de los antecedentes del laboratorio Ramallo (incendiado cuando enfrentaba sospechas de irregularidades y concurso de acreedores), impidió que García Furfaro concretara el millonario negocio. Este entredicho derivó en una denuncia de García Furfaro contra González García, alineándose aparentemente con el sector de La Cámpora dentro de la coalición gobernante.
A pesar de no lograr la intermediación en la compra de vacunas, los laboratorios de García Furfaro y Salinas sí consiguieron cerrar contratos millonarios con municipios y gobernaciones de extracción peronista. La documentación consultada confirma que estas ventas representaron volúmenes significativos de dinero público.
Este crecimiento, si bien cuantioso, contrasta con un historial profuso de advertencias, intimaciones, apercibimientos y hasta órdenes de retiro de medicamentos por fallas en la producción. Decenas de episodios de este tipo, con distinta gravedad, no impidieron que HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo continuaran operativos, desafiando, al parecer, las normativas de buenas prácticas.
Una trama de vínculos y sospechas
El escenario actual, con 34 muertes confirmadas por el fentanilo contaminado, ha llevado a la clausura de ambos laboratorios y a la inhibición de sus bienes por orden del ministro de Salud, Mario Lugones. La denuncia penal, iniciada por la ANMAT, apunta directamente a HLB Pharma Group.
En un giro inesperado, y una vez desatada la tragedia, se presentó ante la Justicia Sebastián Nanini, quien afirma ser el nuevo dueño de los laboratorios. Nanini, con un currículum que incluye funciones legales en el municipio de José C. Paz, apoderado de listas del PJ bonaerense y ex abogado de Lázaro Báez y su ex esposa, declara haber adquirido las empresas después de que se fabricara el analgésico contaminado. Esta operación, particularmente «audaz» considerando las consecuencias legales y económicas que enfrenta la firma, genera dudas sobre la real transferencia de propiedad.
La relación con el municipio de José C. Paz, gobernado por Mario Ishii, también se torna relevante. Una ordenanza de junio del año pasado revela que la intendencia destinó mil cuatrocientos millones de pesos a la adquisición de bienes para un laboratorio municipal, y otra ordenanza homóloga un convenio donde HLB Pharma Group figura como proveedor único de esas compras. Esta situación, aunque legalmente amparada en convenios de homologación, resulta llamativa por el volumen del gasto y la elección de un único proveedor.
Los antecedentes de HLB Pharma Group incluyen una denuncia de la Aduana en marzo de 2023 por sobrefacturación en la importación de maquinaria. La Justicia en lo Penal Económico detectó que máquinas tasadas en $555.920 en origen fueron declaradas en Argentina por $5.040.000, una diferencia que supera el 900%. Esta causa, aún en trámite, se suma al cúmulo de irregularidades que rodean la operatoria del laboratorio.
El dinero generado por los laboratorios de García Furfaro y Salinas en los últimos años fue significativo, al punto de que adquirieron un jet privado Lear 31, utilizado para viajes a diversos países. Este detalle se suma a la imagen de un crecimiento económico vertiginoso en una industria sensible y con un historial de incumplimientos.
La trama se complejiza aún más con la mención de los hermanos Kreplak. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y militante de La Cámpora, y Ernesto Kreplak, juez que interviene en la causa del fentanilo, comparten no solo apellido sino una pasada militancia en la misma agrupación política. Esta dualidad de roles, uno como funcionario del área de salud afectada y el otro como magistrado encargado de investigar la tragedia, no escapará al análisis de los observadores.
Interrogantes y un robo inoportuno
En este contexto, la denuncia de un robo en las instalaciones de HLB Pharma Group, en medio de la investigación por las muertes, alimenta las sospechas. La posibilidad de que documentación clave para la trazabilidad del fentanilo y la determinación de responsabilidades haya desaparecido resulta un elemento preocupante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias.
El Gobierno nacional ha anunciado que se investigará si los laboratorios involucrados desviaron fentanilo hacia el mercado ilegal. Este analgésico, potente y de alto valor para los carteles del narcotráfico, es una preocupación creciente a nivel mundial debido a su potencial letal en consumos no controlados, como ha afectado dramáticamente a países como Estados Unidos.
La escasez de sueros y otros medicamentos, derivada del retiro de productos de HLB Pharma Group en la provincia de Buenos Aires, es una consecuencia concreta de esta crisis, que expone no solo la fragilidad de la cadena de suministro sino también la dependencia de proveedores con antecedentes controvertidos.
La investigación judicial deberá determinar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los actores involucrados en esta tragedia que desnuda falencias en el sistema de salud, la supervisión estatal y, quizás, una connivencia peligrosa entre negocios y poder político.
