Piden el desafuero de un diputado de La Cámpora en Salta por presunto uso de fondos públicos en campañas de desprestigio
El fiscal Federal de Salta, Carlos Amad, ha solicitado el desafuero del diputado nacional de La Cámpora, Emiliano Estrada, en el marco de una investigación que lo vincula con el supuesto uso de fondos públicos para la gestación de campañas de desprestigio en redes sociales, dirigidas contra adversarios políticos, empresarios y periodistas. La decisión del fiscal se fundamenta en la ausencia del legislador a una audiencia clave en el proceso.
La defensa del diputado anticipó que recurrirá la medida.
Estrada se encuentra bajo investigación por la organización de campañas de noticias falsas («fake news») en plataformas digitales, con el objetivo de menoscabar la imagen de figuras públicas. En este expediente, dos ex empleados de su despacho en la Cámara de Diputados, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, ya han sido condenados.
Ambos individuos admitieron su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado, acordando una pena de un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios del delito de intimidación pública, además de un año de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Los ex colaboradores reconocieron haber actuado bajo «instrucciones directas del diputado», argumentando que consideraban las campañas difamatorias como «responsabilidades laborales» y que no habían percibido su carácter ilícito.
La mecánica de la difamación digital
Las operaciones, principalmente en TikTok, empleaban cuentas como «La Casta Salteña», «Casta Salta» y «La Casta de Sáenz», entre otras, para viralizar contenido digital de ataque. Si bien el contenido abarcaba diversos objetivos, una parte significativa de los videos se enfocaba en criticar al gobernador salteño Gustavo Sáenz, asociándolo con prácticas de corrupción y narcotráfico, además de apuntar a empresarios y periodistas.
No obstante, el avance de la investigación sobre Estrada se ha visto limitado por su condición de legislador, que le otorga fueros parlamentarios.
este viernes, la jueza federal Mariela Giménez ratificó la jurisdicción del Juzgado Federal N° 2 de Salta para proseguir con la causa, desestimando un pedido de radicación de la investigación proveniente de Comodoro Py, donde se había presentado otra denuncia contra Estrada. La jueza Giménez rechazó el requerimiento del juez Sebastián Casanello para trasladar la causa a Buenos Aires, confirmando así que el proceso contra Estrada continuará en la jurisdicción salteña.
Fue en el contexto de esta resolución que el fiscal federal Carlos Amad sostuvo que requerirá el desafuero de Estrada debido a su inasistencia a la audiencia. «El pedido de desafuero contra Estrada estará basado en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios», manifestó el fiscal.
Argumentos para la competencia
En detalle, la audiencia de este viernes abordó los dos pedidos de inhibitoria de competencia presentados: uno por el juez Sebastián Casanello, del juzgado correccional 7 de Capital Federal, y otro por la jueza Claudia Puertas, del Juzgado de Garantías 8 de la justicia provincial.
Ambos planteos fueron refutados por el fiscal general Carlos Martín Amad, quien solicitó su rechazo y la confirmación de la competencia del juzgado federal 2, a cargo de la jueza Mariela Giménez. La defensa de Estrada adhirió al pedido de la fiscalía federal. La jueza Giménez, por su parte, coincidió con lo expuesto por el fiscal Amad y rechazó los pedidos del juez Casanello y la jueza Puertas.
Estrada se encuentra imputado como autor de los delitos de intimidación pública, contemplado en el artículo 221 del Código Penal, y peculado de trabajos y servicios, previsto en el artículo 261, segunda parte, del Código Penal. Estas imputaciones se basan en la presunción de que la organización y distribución de tareas de esta estructura estaría siendo financiada con fondos públicos, provenientes del Congreso de la Nación, dado que el pago de los servicios de dos de los imputados (sus asesores) provenía del erario público nacional.
