El Fondo Fueguino y la Sombra de Caputo: Millones en Abogados y Opacidad en las Cuentas
El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), una entidad que maneja $185 mil millones y es administrada por una delegada de Santiago Caputo, ha contratado a un estudio de abogados por la suma de $20 millones mensuales. Esta decisión se tomó luego de que en 2024 se diera por terminado el vínculo con la Universidad de Tres de Febrero (Untref), que previamente realizaba las auditorías. El argumento oficial para el cambio fue la «reducción de costos», sin embargo, la decisión ha levantado sospechas.
El diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, ha solicitado acceso a la información pública para esclarecer el funcionamiento del FAMP. López, quien aboga por la eliminación del régimen de beneficios fiscales en Tierra del Fuego y la liquidación del fondo, cuestiona la falta de transparencia en la gestión de Noelia Ruiz, presidenta del FAMP y ex diputada provincial del PRO vinculada a Santiago Caputo, sobrino segundo de Nicolás «Nicky» Caputo.
Un Contrato Millonario y Preguntas sin Respuestas
El Ministerio de Economía, en respuesta al pedido de López, confirmó el contrato con el buffet HSR Abogados, con vigencia hasta el 7 de octubre y un costo de $20 millones más IVA por mes. Sin embargo, no se ha brindado información sobre el proceso de selección del proveedor ni se han presentado los estados contables completos del Fondo. La respuesta oficial también omite detalles sobre los proyectos financiados y los previstos para este año.
Según información periodística previa, en la última reunión del directorio del FAMP de 2024, se aprobaron proyectos para la empresa Mirgor, incluyendo un puerto en Río Grande y un hotel cinco estrellas en Ushuaia. Además, se reveló que el FAMP ha realizado inversiones en títulos públicos por más de $91 mil millones, lo que ha generado cuestionamientos sobre su rol en el manejo de la deuda pública.
¿Caja Política o Herramienta de Desarrollo? El Debate Continúa
La opacidad en la gestión del FAMP y su vínculo con figuras cercanas al poder político alimentan el debate sobre su verdadera función. Mientras el gobierno argumenta que el Fondo se destina a inversiones productivas en Tierra del Fuego, críticos como López y Javier Milei lo señalan como una «caja de la política», utilizada para fines distintos a los declarados. La falta de transparencia y la ausencia de información detallada sobre sus operaciones dificultan la evaluación objetiva de su impacto real en la economía fueguina.
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