De las palabras a los hechos: la coherencia de García-Mansilla bajo la lupa
El flamante ministro de la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla, designado por decreto por el presidente Javier Milei, se encuentra en el centro de la controversia tras conocerse declaraciones previas en las que rechazaba este mecanismo de nombramiento. Sus palabras, pronunciadas en el Senado en agosto pasado, resuenan con fuerza en medio del debate por la legitimidad de la designación.
Durante su presentación ante la comisión de Acuerdos, García-Mansilla fue interpelado por la senadora Anabel Fernández Sagasti sobre si aceptaría un nombramiento en comisión por parte de Milei. En aquel entonces, el jurista respondió con un rotundo «no», argumentando que «hay un gran sector de población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones». Sus declaraciones se basaban en el antecedente de los nombramientos de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri, una decisión que generó fuertes críticas de la oposición.
Un cambio de opinión (o de contexto)
La postura de García-Mansilla en agosto contrastaba con su defensa de la designación por decreto de Rosenkrantz y Rosatti en 2015. En un artículo publicado en Clarín, el jurista argumentaba que la medida de Macri era «inobjetable» desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, nueve años después, ante los senadores, reconoció un cambio de perspectiva: «Visto el impacto que tuvo (la decisión de Macri), yo no hubiese aceptado esa nominación». A pesar de admitir que «existen atribuciones que tienen los poderes constitucionales que, al momento de ser ejercidas, a pesar de ser constitucionales, pueden afectar una institución», García-Mansilla terminó aceptando la designación de Milei.
El debate sobre las designaciones en comisión
La designación de García-Mansilla reabre el debate sobre la utilización del mecanismo de nombramiento en comisión para cargos en la Corte Suprema. Si bien la Constitución lo prevé, la discrecionalidad que otorga al presidente y la falta de intervención del Senado generan cuestionamientos sobre la legitimidad de los nombramientos. El caso de García-Mansilla pone en evidencia la tensión entre la legalidad y la legitimidad en la política argentina, y la importancia de la coherencia entre las palabras y las acciones de los funcionarios públicos. «Como le aclaré, viste el impacto que tuvo el decreto 83/2015 en la opinión pública, yo no hubiese aceptado una nominación en comisión», declaró en agosto pasado. Sus acciones actuales lo contradicen.
