El Gobierno Nacional, en un movimiento de ajedrez administrativo de los que parecían ya olvidados, dispuso este miércoles un cambio trascendental en la dinámica de negociación entre el Estado y los gremios docentes con representación a nivel país. A partir de ahora, la responsabilidad de dirimir las condiciones laborales, el salario mínimo, la carrera profesional y hasta el calendario educativo, recae directamente sobre el Consejo Federal de Educación.
La medida, formalizada a través del Decreto 341/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, implica una reconfiguración sensible en el ámbito educativo nacional.
Un giro en el organigrama
El detalle clave de la normativa es la exclusión explícita de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, de la mesa de negociaciones. Su rol, a partir de este decreto, se limita a la revisión de lo acordado: «refrendar el convenio o requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente».
Según el texto oficial, esta modificación responde a una lógica de eficiencia y descentralización. «Considerando la participación del referido Consejo Federal en la organización y gestión del sistema educativo, deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, en dicha negociación», argumenta el decreto.
Asimismo, se subraya que, tras la transferencia de los servicios educativos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son estas las que ostentan la calidad de empleadoras de los docentes. Por lo tanto, “corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones, a través del Consejo Federal de Educación».
El objetivo declarado: eficiencia y reducción
El Gobierno no escatimó en explicitar el propósito último de esta disposición: «reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos». Un objetivo que suena ambicioso en el contexto de las habituales discusiones paritarias del sector.
De esta manera, la Secretaría de Educación, si bien no tendrá injerencia directa en la negociación, mantendrá una función de control presupuestario, asegurando que lo pactado se enmarque dentro de las posibilidades financieras para la implementación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Un entramado burocrático que, se espera, no complique aún más un diálogo que, históricamente, ha sido complejo.
