El atajo del mal menor en el ajedrez político criollo
En la democracia de streaming, la sanción de una reforma de fondo como ‘Ficha Limpia’ terminó resolviéndose por la «diferencia de apenas un voto del cual nadie puede dar razón». El titular del Ejecutivo Nacional se refugia en la solicitud de una rinoscopia de celulares para deslindarse de cualquier conexión con el revés parlamentario. Lo acorrala la consigna “Con Lospennato, no”, que impacta directamente en su candidato, el mediático Adorni. Un panorama poco serio, a decir verdad, pero es el que nos toca transitar en este bendito suelo patrio.
El Gobierno navega por el ring político visiblemente afectado por «el affaire de la Ficha Sucia». Se adapta a la necesidad de optar siempre por el mal menor, una condena intrínseca de los gobiernos con debilidad parlamentaria. Esta disfunción institucional nos conduce, inexorablemente, a la dictadura de las minorías. Si bien un gobierno tiene la obligación de ser robusto, que nazca ya debilitado resulta injustificable en el marco de una república que se precia de tal. En la Argentina, este ‘lujo’ se explica por la resiliencia de un sistema que «pone presidentes por imperio del balotaje», la vitalidad de su sociedad civil y, por qué no decirlo, la riqueza innata del país.
La administración nacional se sentó en la tecla de concederle un favor a Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente, considera que esto le reporta mayores beneficios que desairar a aquel segmento del electorado de centroderecha que comparte con el PRO de los primos Milei. Se valora más «el botín provisorio del poder que el programa» de gobierno. Para aquellos que se sienten débiles en el poder, la gobernabilidad asume una preponderancia superior a los mandatos electorales originales.
Andá a esperarlo a Caputo: El Misterio del CriptoGate y la estrategia evasiva
Esta semana, el Gobierno prefiere asumir el costo de la «ausencia» de «Luis Caputo y otros funcionarios a la interpelación por el CriptoGate» prevista para el martes 14, votada por la Cámara de Diputados. Evitar que ‘abran la boca’ sobre este tema ante las cámaras parece ser una prioridad. Este compromiso, cabe recordar, fue asumido por Martín Menem en la última sesión con el fin de apaciguar los ánimos caldeados.
El jefe del bloque de diputados oficialistas dilata la convocatoria a la sesión, observando con cautela el mazo de cartas parlamentarias, a la espera de que sean los propios legisladores quienes insistan en el pedido y, aún más importante, «junten ellos el quórum». Seguramente, desde el Ejecutivo le estarán recriminando haberse comprometido a algo que, en los hechos, no puede cumplir con facilidad. El viernes pasado, los líderes de los bloques de la oposición ‘amigable’ y la que no lo es tanto, le reclamaron encarecidamente que cumpla con la cita acordada.
Todo esto se presenta como el último retablo de la campaña de cara a las elecciones del domingo 18 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comicios en donde «el PRO se juega la vida» por retener un distrito que ha gobernado con «gloria y majestad durante 16 años». Solo la desmedida «ambición de poder de sus caciques ha podido fragmentar su representación en seis listas que se devoran unas a otras».
El acuerdo más importante desde fines de 2023 y el reparto del Senado
Hay vida después de ‘Ficha Limpia’, ese fetiche legislativo que se erigió en el fiel de la balanza de las elecciones porteñas del próximo domingo 18. Y prueba de ello es que existía vida antes de su caída. Esto lo demuestra el hecho de que 24 horas antes de que el proyecto zozobrara en el Senado, el oficialismo y la oposición sellaron «el entendimiento más importante desde que asumió el Gobierno».
Este acercamiento estratégico busca «superar el bloqueo que paraliza todas las iniciativas», alimenta el «cesarismo de Milei, que gobierna al borde de la legalidad», e impide la «certidumbre que necesita la economía» para encarrilarse de una vez por todas. Los principales referentes de la Cámara alta acordaron el martes pasado, con la anuencia y presencia de Victoria Villarruel, que «el peronismo aumente su representación en las comisiones de la cámara» en línea con la nueva correlación de fuerzas surgida tras la destitución de Edgardo Kueider en diciembre pasado.
Esta nueva dinámica ha sido el caldo de cultivo que ha producido «una serie de derrotas del oficialismo en el Senado», un camino que culminó el miércoles con la caída de Ficha Limpia, una iniciativa que, formalmente, patrocinaba el Gobierno, más allá de las ‘picardías’ subterráneas que habrían contribuido a su ocaso.
El peronismo se queda con 15 sillas: Un nuevo reparto de poder en la Cámara Alta
La flamante integración de las fuerzas políticas en la cámara debilitó al arco del ‘no pejotismo’, un grupo que había sido meticulosamente construido por «Juan Carlos Romero» y que contaba con 39 voluntades en diciembre de 2023, lo que le permitió quedarse con el control de la Cámara alta. Durante el primer año de gestión, este grupo, humorísticamente calificado por «Anabel Fernández Sagasti» como «La secta de los 39», desplazó al peronismo de todas las secretarías de la cámara y redujo drásticamente su participación en las comisiones. Fue, sin dudas, el activo político más relevante del Gobierno en el Senado, pero vio mermar su número a 38 tras la expulsión de Kueider. Paralelamente, el peronismo vio incrementado su número de 33 a 34 con el ingreso de Stefanía Cora en reemplazo del legislador saliente.
En la reunión de ‘jefazos’ del Senado celebrada el martes, «el no pejotismo admitió el reclamo de más representación del peronismo», cediendo a la petición de ocupar quince sillas en comisiones consideradas clave. Diez de ellas ya han sido asignadas, mientras que cinco restantes quedan aún por definir, ya que implican el desplazamiento de legisladores pertenecientes al grupo ‘no pejotista’.
Juró el cajero de Villarruel y las tensiones en el Senado
En aquella tensa reunión del martes, «José Mayans» acorraló a Villarruel con una crudeza notoria: «¿Qué han conseguido achicándonos en las comisiones? Nada». Y esto ocurrió antes de que le voltearan el proyecto de Ficha Limpia, lo cual agravaría la situación. La derrota más resonante y dolorosa para el oficialismo fue, sin lugar a dudas, «el rechazo de las designaciones de Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Aún más comprometedor para la vicepresidenta resulta el hecho de que el peronismo se negó inicialmente a llevar a cabo la sesión preparatoria y, por ende, a aprobar la designación del nuevo secretario administrativo de la Cámara. No obstante, una vez acordada la cesión de posiciones en las comisiones clave, la Cámara finalmente aprobó el miércoles el nombramiento del cordobés «Emilio José Viramonte Olmos», quien asumirá la función de ser el nuevo ‘cajero’ de la casa, un puesto estratégico en la dinámica parlamentaria.
Música acuerdista: La ampliación de la Corte y otras definiciones judiciales en danza
El proyecto de ampliación de la Corte Suprema que presentó Romero el jueves pasado parece seguir la misma melodía de consenso. Es un reflejo del «acuerdo informal que se cerró en charlas con Mayans y Miguel Pichetto», dos referentes que conviven en otra instancia de conciliación fundamental: la Comisión Bicameral encargada de administrar la Auditoría General de la Nación (Revisora de Cuentas). El objetivo principal es destrabar «la designación de una Corte de siete miembros», una discusión que lleva décadas en el ámbito político y judicial. De arrastre, esta iniciativa busca avanzar en «la designación del Procurador, el Defensor», y si las negociaciones prosperan, también se podrían definir «los nuevos auditores» e incluso «un elenco de jueces a decenas de vacantes en todo el país», un número significativo que impacta directamente en el funcionamiento del Poder Judicial.
La ampliación de la Corte a siete miembros, como se mencionó, «se discute hace más de una década». Fue una propuesta presentada por Pichetto cuando lideraba la bancada del peronismo al entonces presidente Macri. Sin embargo, no logró avanzar en aquel momento. Ahora, «el peronismo pide más»: demanda una nueva ley del Consejo de la Magistratura que «saque a la Corte de la presidencia de ese organismo». Adicionalmente, se solicita que se «revisen designaciones de magistrados durante la era Macri», como los casos de Bertuzzi y Bruglia, lo que añadiría una capa de complejidad y confrontación a las negociaciones en curso.
Un país bloqueado: La debilidad del Ejecutivo y las tensiones internas
El trío conformado por Romero, Pichetto y Mayans se erige como un actor clave en la administración de la política en ambas cámaras del Congreso Nacional. Su objetivo manifiesto es «buscar salir del bloqueo institucional» que, a todas luces, surge de la «extrema debilidad del Ejecutivo», una precaria situación que se agudiza con «el conflicto latente entre el PRO macrista y el mileísmo». Resulta relativamente sencillo trazar organigramas y proponer estructuras ideales, como en el caso de la nueva composición de la Corte Suprema. Sin embargo, la realidad política argentina demuestra que «nada andará si antes no se discuten los nombres» de quienes ocuparán esos cargos y «los mandatos» que regirán su actuación, elementos cruciales que suelen generar las mayores disputas.
El gobierno de Milei ha abrazado con fervor la consigna, con claras reminiscencias trumpistas, de que «antes hay que destruir la maquinaria del Estado» para poder construir algo nuevo sobre las ruinas. El propio Milei, al esbozar una tenue queja por la caída del proyecto Ficha Limpia, afirmó que se trataba de un «éxito del Partido del Estado», «creando un nuevo enemigo imaginario con el cual pelearse», una estrategia recurrente en su discurso público. Se desentiende activamente de estos emprendimientos reformistas que buscan destrabar el funcionamiento institucional, llegando al insólito extremo de enterarse de los avances «por los diarios».
El viernes pasado, «Lule Menem» buscaba con insistencia a Romero para indagar de qué se trataba exactamente el proyecto de ampliación de la Corte Suprema. Este primo Menem aboga firmemente por la idea de que «hay que esperar a los resultados de diciembre para hablar de la Corte», argumentando que el oficialismo podría obtener una diferencia favorable que le permitiera alcanzar los codiciados dos tercios del Senado, necesarios para imponer nombres y designaciones importantes. Simultáneamente, también el viernes, «el comisario judicial del gobierno», Sebastián Amerio, admitía sin tapujos a quienes lo consultaban que «no tenía idea del proyecto de Romero», lo que evidencia una preocupante falta de coordinación interna en un tema de relevancia institucional.
¿Qué polarización gana en las urnas porteñas? El test de CABA
Las próximas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan como un banco de prueba crucial para diversas apuestas políticas. Decidirán, por ejemplo, cuál es la «contradicción fundamental para el electorado de los grandes distritos» en este momento político. El Gobierno nacional intenta «nacionalizar la dialéctica», buscando dotar de una «identidad clara a las listas» y candidatos que se presentan bajo la franquicia Milei. Ha procurado imponer la polarización «mileísmo vs. cristinismo» como el eje central de la contienda. Sin embargo, resulta difícil que, tras el escándalo y el revés parlamentario de Ficha Limpia, no se haya profundizado aún más «la polarización entre macrismo vs. mileísmo», reconfigurando el escenario político en la capital del país.
Los comicios porteños también pondrán a prueba, sin atajos, los «efectos de las medidas económicas» implementadas por el Gobierno en las urnas. La experiencia histórica, no obstante, «indica que no siempre lo económico impacta directamente en la decisión del voto» de manera previsible. Una prueba contundente de esta percepción es el voto obtenido por Sergio Massa en el balotaje de 2023, quien «sacó 44% de los votos en representación de un funcionario, un partido y un gobierno que había llevado la inflación a extremos insoportables» según la percepción general. Este factor, aparentemente, «no afectó de forma lineal al voto», cuya explicación, como bien «afirman los heterodoxos cuando explican la inflación», es intrínsecamente «multicausal» y compleja, desafiando análisis simplistas.
La campaña confusa en un país confuso: El rol de la urna como aclarador
La elección que se avecina se presenta, a todas luces, como «confusa», fundamentalmente porque el país «está gobernado por funcionarios sin voto propio»: votados «a préstamo», designados «a préstamo», y con un programa de gobierno que también parece ser «prestado». En esta coyuntura, «hay funcionarios votados para hacer oposición que hoy están en el oficialismo», una contradicción flagrante que inyecta altas dosis de «sospecha» en el electorado. Esta ambigüedad se vio reflejada de manera palpable en el Senado con el proyecto Ficha Limpia, donde oficialismo y oposición se lanzaron acusaciones mutuas sobre quién se apropió del proyecto o quién, paradójicamente, trabajó para hacerlo fracasar. Es una «confusión estructural» que impregna a los protagonistas de la política, a las decisiones que se toman, y a las alianzas que se tejen y destejen constantemente.
En este escenario de desconcierto generalizado, «el gran aclarador será la urna». Allí, de cara a los resultados electorales, «se verá si hay castigo a los tránsfugas», aquellos que han cambiado de camiseta política con llamativa facilidad, y «si el voto de Cambiemos que fue a Milei se mantiene fiel o se disgrega» en otras opciones. También se medirá la fuerza real de aquellas formaciones políticas que «han mantenido su integridad», como el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, un espacio históricamente relegado en este distrito, pero que, por mantener la unidad interna, hoy «tiene intención de voto cercana a registros anteriores», lo que podría reconfigurar el mapa político porteño.
Esta percepción de recuperación del peronismo «alimenta la idea de que el resultado mostrará una división en tercios» –peronismo, macrismo, mileísmo–, aunque cabe recordar que, al tratarse de una elección parlamentaria y no ejecutiva, la mirada estratégica debe centrarse en «la sumatoria futura de bancas en la nueva legislatura» porteña. Allí, el actual oficialismo local «puede ver reafirmado su control del distrito», mientras que el «payador perseguido Horacio Rodríguez Larreta» podrá valorar, con los números en la mano, el alcance real de su aventura política post-jefatura de Gobierno.
El jubileo del cepo llega a la urna: El impacto de la desregulación cambiaria en el voto
El Gobierno ha desplegado una intensa campaña basada en el «levantamiento del cepo», una medida que, para algunos analistas económicos, “ha sido una desregulación parcial” y no total. La pregunta que surge es si esta medida tendrá un «efecto palpable en el público de CABA», un electorado que se caracteriza por estar «híper informado y atento a esas medidas tan complejas» y que, si bien benefician a pocos, logran «crear audiencia» y debate público. El «alivio del cepo» ya ha tenido repercusiones concretas, motivando incluso «medidas judiciales que despenalizan con efecto retroactivo las infracciones cambiarias», lo cual ha sido recibido con beneplácito por quienes se vieron afectados.
El juez Marcelo Aguinsky, a cargo del juzgado Penal Económico 6, ya ha dictado «sentencias» en este sentido, consolidando este «jubileo del arbolito» con el argumento de que ya rige la «eliminación de restricciones en la política cambiaria» de manera fáctica, un proceso que «se viene dando de forma gradual» según lo estipulado en la comunicación «A» 8226 del 11 de abril de 2025 del Banco Central de la República Argentina. La interpretación judicial se basa en el principio constitucional de «retroactividad de la ley penal más benigna», considerando que «las modificaciones favorables de las leyes penales en blanco» –aquellas que dependen de normas extrapenales–, producto de las variaciones en la normativa cambiaria, deben beneficiar a los imputados en causas penales.
Aguinsky considera, además, que «es esperable que sean los jueces quienes en primer lugar adviertan, y consecuentemente recojan en sus pronunciamientos, los cambios en el humor social que a la larga se plasman como modificaciones a las leyes vigentes». La influencia del «humor social» en el voto popular es, sin duda, uno de los «misterios más inextricables de la tarea política». En este caso en particular, la gran incógnita es: «¿premiará el público este jubileo del cambista?» El cálculo estándar en el ámbito jurídico y económico habla de unos «1000 sumarios» abiertos en el Banco Central por infracciones cambiarias, de los cuales, aproximadamente, la mitad «aterrizaron en los juzgados federales de todo el país».
Los bancos privados tienen la obligación de avisar a las autoridades monetarias cuando detectan una infracción de este tipo, lo que deriva en la apertura de un sumario por parte del Central. Si el directorio del Banco Central realmente considera que las medidas económicas implementadas, como la desregulación gradual del cepo, pueden tener un impacto positivo en el electorado, «debería sacar una circular de inmediato para mandar a degüello todo el stock» de sumarios pendientes, acompañando de manera «concreta el discurso del Gobierno», y demostrando con hechos que se avanza hacia una mayor libertad cambiaria.
