Denuncia contra la jueza Andrade por la liberación de detenidos en la marcha de jubilados
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por la liberación de 114 detenidos durante los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados el pasado 12 de marzo. La manifestación, que contó con la participación de grupos de barras bravas, culminó con enfrentamientos con la policía, decenas de heridos y daños materiales.
La denuncia, de 21 páginas, acusa a Andrade de prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. El Ministerio de Seguridad argumenta que la jueza liberó a los detenidos «por WhatsApp», sin un análisis adecuado de las pruebas, sin considerar antecedentes penales y sin respetar los procedimientos legales. «Un fallo ‘ideológico’ que está ‘fuera de la ley'», según la presentación a la que accedió Clarín.
Irregularidades en el proceso de liberación
La decisión de Andrade, según la denuncia, se tomó de manera «arbitraria» en un procedimiento de flagrancia, que es competencia del Ministerio Público Fiscal. La jueza habría actuado sin contar con las pruebas necesarias y sin dar la intervención formal a la Fiscalía, comunicando su resolución a través de un grupo de mensajería instantánea. Este accionar, según el Ministerio de Seguridad, viola el artículo 183 del Código Procesal Penal, que establece un plazo de 24 horas, extensible a 48 en casos complejos, para la formalización de la imputación.
Antecedentes y contexto de violencia
Entre los liberados, se encontraban personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, tenencia de armas de fuego y robo. La denuncia también destaca que la marcha incluyó la participación de barras bravas de distintos clubes de fútbol y que algunos manifestantes podrían haber recibido pagos por participar en los hechos de violencia. Los incidentes resultaron en más de una docena de policías heridos y cuantiosos daños materiales, incluyendo la quema de vehículos y destrozos en el espacio público. El Ministerio de Seguridad sostiene que la jueza Andrade, al liberar a los detenidos sin el debido proceso, ignoró la gravedad de los hechos y el contexto de violencia en el que se produjeron.
