Incidentes, acusaciones y una supuesta intentona golpista
Un día después de la violenta protesta en la que participaron jubilados y barrabravas frente al Congreso y la Casa Rosada, el Gobierno acusó a los organizadores de orquestar «una especie de golpe de Estado» contra la administración de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó en declaraciones radiales que la marcha, con manifestantes armados y al grito de «Que se vayan todos», buscaba deliberadamente desestabilizar al gobierno y provocar una reacción policial.
Bullrich apunta contra organizadores e intendentes
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó la denuncia e informó que presentará una querella por sedición. Apuntó directamente contra Leandro Capriotti como «el máximo organizador» de la movilización, vinculándolo con Luis Barrionuevo. Además, responsabilizó a los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora) por la concentración de manifestantes en sus distritos.
El Gobierno respalda la represión y promete investigar
El Ejecutivo respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque reconoció cierta falta de previsión ante la llegada de manifestantes a la Casa Rosada. Francos lamentó las consecuencias de los incidentes, como el grave estado del fotógrafo Pablo Grillo, herido por una munición de gas lacrimógeno, pero insistió en que las manifestaciones «van a ser reprimidas» si recurren a la violencia. El Gobierno prometió investigar «hasta las últimas consecuencias» para determinar responsabilidades y sancionar a los culpables.
