El Gobierno desafía a la CGT: «Que paren todo lo que quieran»
La decisión de la CGT de convocar a un paro general no ha generado mayor preocupación en el Gobierno. Desde la Casa Rosada, se considera que la medida de fuerza es «ganancia política» para el oficialismo, ya que “la gente está en contra” de la central obrera. Lejos de buscar una conciliación, el entorno presidencial desafía: «Que paren todo lo que quieran».
Una pulseada con la «casta sindical»
El Ejecutivo nacional no teme una confrontación con la CGT. Especulan que un nuevo enfrentamiento con «la casta sindical» fortalecería la imagen del presidente Javier Milei. «Si ratifican la medida, está perfecto. Todo lo que haga la CGT nos conviene políticamente», afirman desde Balcarce 50. Recuerdan, además, que la central obrera «hizo el paro más rápido de la historia a un gobierno en democracia», un antecedente que, a su juicio, juega a favor del oficialismo.
Un vínculo complejo con matices
A pesar del tono desafiante, el Gobierno no pretende romper completamente el vínculo con la CGT. Funcionarios cercanos a Milei indican que «la idea no es salir a responder» directamente a la convocatoria al paro. Si bien la relación inicial fue conflictiva, con fuertes embates sindicales a la Ley Ómnibus y a la Reforma Laboral, luego se buscó una “tabula rasa” con el triunvirato cegetista. Este acercamiento, que incluyó reuniones en la Casa Rosada, distanció a la cúpula de la CGT de Pablo Moyano, quien abandonó la central obrera e instó a «dejar de dialogar con el Gobierno». El Gobierno interpreta el anuncio del paro como una respuesta de la CGT a presiones internas dentro del sindicalismo. Sin embargo, esta tregua tuvo su costo político para el oficialismo: el congelamiento de proyectos que apuntaban a limitar el poder de los gremios, como la iniciativa de Democracia Sindical, y la moderación de las penalidades por bloqueos a empresas, generaron tensiones con los aliados del PRO y la UCR. La CGT, por su parte, justifica el paro en los topes a los aumentos paritarios, la situación de la industria y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que «implican otra amenaza a los trabajadores».
