Gobierno redobla la apuesta contra la jueza Andrade tras la liberación de detenidos en Congreso
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, presentará una denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «prevaricato», tras la liberación de más de cien detenidos en la violenta protesta frente al Congreso. El Gobierno considera que la actuación de la magistrada fue «un desastre» y solicitará al Consejo de la Magistratura que evalúe su accionar.
Polémica por las liberaciones: ¿»Por Whatsapp» y sin verificar antecedentes?
La controversia gira en torno a la liberación de los detenidos, que según el oficialismo, se realizó «por Whatsapp» sin acceder a las actuaciones, controlar la prueba ni verificar antecedentes penales. Se argumenta que varios de los liberados poseían un historial delictivo que incluía lesiones, atentado contra la autoridad, amenazas agravadas, tenencia de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y robos. La jueza Andrade, a cargo del Juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, se defendió argumentando que debe garantizarse «el derecho a manifestarse libremente» y que la Policía no brindó información precisa sobre las detenciones.
Denuncia contra intendentes y organizadores de la protesta
En paralelo a la denuncia contra la jueza, el Gobierno presentó otra contra los involucrados en la violencia del miércoles, incluyendo a los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermín (Lomas de Zamora), y a Leandro Capriotti, señalado como «el máximo organizador» de la movilización y vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo.
