Denuncia por sedición tras la marcha de jubilados
Dos días después de los violentos enfrentamientos en la marcha de jubilados frente al Congreso, el Gobierno nacional presentó una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. La presentación judicial, realizada este viernes, apunta contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín, ambos pertenecientes al kirchnerismo, y a un dirigente vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo.
En la denuncia, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, argumenta que «la organización de la movilización, destinada a provocar disturbios enfrentando a la policía y generar ‘represión’, implicaría la participación» de los intendentes mencionados. Según la presentación, en sus municipios se concentraron manifestantes que luego se dirigieron a la Plaza de los Dos Congresos, y existen «elementos de juicio que permiten sostener que han financiado la movilización». La denuncia también cita publicaciones periodísticas que indican que se habría pagado 50.000 pesos a quienes participaran de la movilización para generar disturbios.
Pedido de apartamiento de la jueza y denuncias de «barras bravas»
Además de la denuncia por sedición, el Gobierno solicitó el apartamiento de la jueza Karina Andrade, quien horas después de los incidentes ordenó la liberación de 114 detenidos. La presentación judicial considera que esta decisión constituye «un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia» y evalúa la posibilidad de denunciar a la jueza por prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Ministerio de Seguridad también incluyó en la denuncia información recibida a través de la línea 134, donde varias personas afirmaron haber reconocido en las imágenes de la movilización a «barras bravas» de distintos clubes de fútbol con supuestos vínculos con políticos presentes en la marcha. Según la denuncia, estas personas habrían «concurrido a la movilización en forma organizada y con armas».
La agresión al fotógrafo y la jubilada
La denuncia también hace referencia a dos casos particulares que tuvieron amplia difusión mediática: la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado tras sufrir una fractura de cráneo por el impacto de una posta de gas lacrimógeno, y la caída de una jubilada al piso luego de un forcejeo con un agente policial.
Sobre el caso del fotógrafo, la presentación judicial señala que Grillo «estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo». En cuanto a la jubilada, la denuncia indica que «con un objeto contundente (aparentemente, un palo), golpeaba por detrás reiteradamente a un policía que giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo».
