Milei va por todo: Reactiva demanda millonaria contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad
Tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en el caso Vialidad por parte de la Cámara de Casación, el gobierno de Javier Milei decidió impulsar la demanda civil contra la exmandataria por más de 22.000 millones de pesos. La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la actual gestión, remitió la resolución al juez Civil y Comercial, Marcelo Dos Santos, para avanzar en el expediente. Según el organismo estatal, la condena expone la responsabilidad penal de Kirchner y los demás acusados, «que motivaron tanto la acción penal como la acción civil”.
El largo camino de la demanda civil
Esta demanda, iniciada en 2019 durante la administración de Mauricio Macri, fue reactivada por la Corte Suprema en diciembre de 2022, luego de la sentencia condenatoria del Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros involucrados. El expediente, actualmente a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos, busca determinar la responsabilidad civil de la exvicepresidenta por los daños y perjuicios ocasionados al Estado Nacional a raíz de los contratos viales adjudicados en Santa Cruz a Lázaro Báez.
Recientemente, el juez Dos Santos rechazó un pedido de Cristina Kirchner para declarar la caducidad del proceso por falta de movimiento desde octubre de 2023, argumentando que los cálculos de la defensa eran incorrectos y que no existía una «paralización total de la instancia».
La cifra de la discordia: 22.000 millones y en aumento
La demanda original, por 22.300 millones de pesos, corresponde al 50% de los contratos adjudicados que no se terminaron pero se pagaron con sobreprecios. Sin embargo, fuentes oficiales indicaron a Clarín que, una vez concluido el proceso penal, «la cifra demandada en el fuero Civil y Comercial, deberá actualizarse”, superando ampliamente el monto inicial. El Tribunal, en sus fundamentos, estimó la defraudación al Estado en 85.000 millones de pesos.
La voz de la Corte y las claves del cálculo
La Corte Suprema ya se pronunció en este caso, rechazando un reclamo de Cristina Kirchner para que el juicio por daños y perjuicios se tramitara en Comodoro Py. El máximo tribunal ratificó que la justicia Civil es la competente para atender este tipo de reclamos.
El cálculo del perjuicio se basó en dos aspectos: la diferencia entre los montos fijados por el Estado para la realización de la obra y el precio finalmente contratado, y la existencia de sobreprecios en al menos tres de las cinco obras peritadas.
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